La Abogacía del Estado no aporta los documentos sobre Palomares al ser confidenciales

Una delegación de técnicos de EEUU, junto con representantes del CIEMAT, durante la visita que realizaron, hace unos años, a los terrenos de Palomares./IDEAL
Una delegación de técnicos de EEUU, junto con representantes del CIEMAT, durante la visita que realizaron, hace unos años, a los terrenos de Palomares. / IDEAL

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Audiencia Nacional

EUROPA PRESSCuevas del Almanzora

La Abogacía del Estado ha trasladado ante la Audiencia Nacional (AN) que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora, que ha propuesto como prueba Ecologistas en Acción son «confidenciales».

Por tanto, no pueden ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del plan de rehabilitación aprobado.

Aunque la Audiencia Nacional sí ha requerido al regulador atómico para que remita el informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica que aprobó en julio de 2015 y que evaluaba los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente registrado en 1966, ha rechazado pedir otros documentos que Ecologistas en Acción considera «fundamentales» para la causa.

Por este motivo, el colectivo ecologista ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Audiencia Nacional en el que interesa que se libre oficio para que el CSN remita los citados documentos, en concreto copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EE UU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

Ecologistas en Acción argumenta ante la AN que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que los niveles de intervención acordados «sobrepasan el nivel legal establecido» y que el informe del Departamento de Energía de EE UU habría motivado «la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010 y que dichos criterios rebasan los límites para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes» al contrario de lo que ocurre con el citado plan.

Por último, piden a la AN que indague, no solo en los motivos de la confidencialidad, sino en la fecha.

 

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