Ecologistas pretenden acelerar el derribo del Algarrobico al caducar la licencia de obras

Imagen del hotel de El Algarrobico, en Carboneras./IDEAL
Imagen del hotel de El Algarrobico, en Carboneras. / IDEAL

Con la demanda presentada intentan restablecer la legalidad urbanística y la realidad física alterada en la zona al construir el hotel

EUROPA PRESSCarboneras

El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, no dispone de licencia municipal de obras ya que la que se le concedió en el año 2003 incurrió en causa de «caducidad insubsanable», por lo que el Ayuntamiento estaría obligado a abrir expediente de demolición para que se proceda a su derribo.

Este es uno de los argumentos esgrimidos por ecologistas en la demanda presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería encaminada a acelerar el restablecimiento de la legalidad urbanística y la realidad física alterada en la zona por ser el inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones «ilegal e ilegalizable».

Dicha demanda sostiene que la construcción sin terminar no dispone de licencia ya que la cláusula quinta de la licencia de obras del Hotel Azata del Sol, concedida el 13 de enero de 2003 por la Comisión de Gobierno municipal, establece que la validez de la misma es de 30 meses, «por lo que caducó el 13 de julio de 2005».

Orden judicial

Recuerdan los ecologistas que el establecimiento tiene las obras paralizadas por orden judicial desde el 21 de febrero de 2006 y que, si bien los 30 meses son prorrogables por otros 12 una sola vez, «en la actualidad la licencia de obras, de acuerdo con el artículo 173 de la LOUA, ha incurrido en causa de caducidad insubsanable».

«Ya no se pueden obtener más prórrogas, ni conceder una nueva licencia de obras a un inmueble ilegal e ilegalizable que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terreste y está construido en terrenos protegidos dentro del parque natural Cabo de Gata-Níjar, lo que significa que es manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística de acuerdo con el artículo 183.1 de la LOUA».

En los fundamentos de la demanda, detalla que la prórroga se interrumpió al parar las obras «cuando le quedaban algo más de cuatro meses de validez» pero considera que los efectos suspensivos del auto dictado el 21 de febrero de 2006 «finalizaron cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó sentencia sobre esto el 29 de julio de 2014», validando la licencia pero sin entrar en el fondo del asunto.

«A partir de ese día se podían haber reanudado las obras durante un plazo de cuatro meses y 22 días que le quedaban de validez a la licencia pero Azata del Sol no lo hizo porque ya se sabía por tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) que el hotel contravenía la Ley de Costas y por una del TSJA en firme que el paraje de El Algarrobico era espacio protegido no urbanizable, y no lo hizo pese a que el alcalde le animó públicamente a ello», argumenta.

En esta línea, ahonda que, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística, la caducidad de la licencia «extingue sus efectos», por lo que «el único futuro que le espera al hotel es la demolición o su derrumbe por el paso del tiempo».

Silencio administrativo

El recurso contencioso-administrativo se presentó después la resolución negativa por silencio administrativo de la solicitud que presentaron los ecologistas ante el Ayuntamiento carbonero en noviembre de 2016.

Esta iniciativa se adoptó antes de que el Supremo instase a la Junta de Andalucía a acudir a la vía civil para hacer efectivo el derecho de retracto que sobre la finca ejerció en 2006 por 2,3 millones de euros y poder inscribir así a su nombre los terrenos sobre los que se asienta el hotel.

La demanda recoge el último movimiento anunciado desde el Consistorio carbonero que, en una providencia, anunció que iniciaba los trámites para clasificar como no urbanizables los sectores ST-1, donde se asienta el inmueble de Azata del Sol, y ST-2 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

Sobre este respecto tendrá que decidir, asimismo, el Tribunal Supremo en abril en el marco del recurso que el propio Ayuntamiento presentó contra un fallo del TSJA que le obligaba a hacerlo.

 

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