El exalcalde de Carboneras, citado a declarar este martes acusado de impedir la labor de oposición

Salvador Hernández,exalcalde de Carboneras, posa en el Parque Andaluz del municipio./IDEAL
Salvador Hernández,exalcalde de Carboneras, posa en el Parque Andaluz del municipio. / IDEAL

Hernández fue condenado a inhabilitación especial para empleo o cargo público por la Audiencia Provincial de Almería durante un año por denegar información a la oposición

E. P.ALMERÍA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) ha citado este martes a declarar como investigado al exalcalde de Carboneras Salvador Hernández en el marco de un presunto delito contra los derechos cívicos después de que, según la denuncia efectuada por la Fiscalía, hubiera «impedido» la labor de oposición del PSOE al supuestamente retrasar o impedir 'de facto' el acceso a actas, acuerdos y expedientes municipales durante su mandato.

Cabe recordar que Hernández fue condenado a inhabilitación especial para empleo o cargo público por la Audiencia Provincial de Almería durante un año por denegar información a la oposición ejercida por el PSOE el pasado 2 de abril al entender que no entregó «la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26,» por parte del portavoz socialista José Luis Amérigo y que impidió «de forma deliberada y constante» la labor de oposición.

En su denuncia, consultada por Europa Press, el fiscal hace referencia a este mismo procedimiento al considerar que los hechos ya juzgados y los que se denuncian ahora están «íntimamente relacionados» en cuanto que «tienen la misma finalidad», que es la de «impedir que la oposición pueda ejercitar su función constitucional y legal de poder controlar y fiscalizar la labor del equipo de gobierno».

En este caso, el Ministerio Público recoge los hechos denunciados por los afectados en los que se señala que entre junio de 2014 y septiembre de 2017 las actas y acuerdos de la junta de gobierno local -unas 160 reuniones- se habrían notificado a los socialistas con un «manifiesto retraso» siendo «casi siempre superior a los diez días».

Igualmente, apunta la denuncia que se habría dado «falta de información» sobre un total de 24 expedientes de información, para su consulta y examen, en el mismo periodo «bajo diferentes argumentos» y bajo una «ficción» en la que, si bien el Ayuntamiento habría contestado que se permitía el acceso a los documentos, «en ninguno de los casos de forma real y efectiva» se habría permitido dicho acceso.

Ante estos indicios, el Ministerio Público considera que se habría dificultado la labor «en tiempo» de la oposición e «impedido» sus funciones puesto que «aunque inicialmente el alcalde le concede -al grupo- el acceso a la información, esta nunca llega a ser efectiva», con lo que «definitivamente lo que se hace es evitar la fiscalización y controlar la función pública» para así «evitar o en su caso corregir cualquier desviación» de sus fines.

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