Greenpeace acusa a la Junta de retrasar la demolición de El Algarrobico hasta 2023

Activista de Greenpeace protesta frente al macrohotel del Algarrobico para pedir a la Junta su derribo./IDEAL
Activista de Greenpeace protesta frente al macrohotel del Algarrobico para pedir a la Junta su derribo. / IDEAL

El colectivo ecologista lamenta que el Gobierno andaluz iniciase los trámites en 2015 pudiéndolo haber hecho dos años antes

Daniel Serrano
DANIEL SERRANOCarboneras

Greenpeace ha acusado a la Junta de Andalucía de retrasar hasta 2023 la demolición del hotel construido por Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, al entender que el proceso civil por el que el Gobierno andaluz debe tomar posesión de los terrenos se dilatará al menos seis años más.

La organización ambientalista informó que ha iniciado los trámites para reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acelere la demolición del hotel carbonero, tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre de que la Junta de Andalucía acuda a un pleito civil para que la promotora Azata les entregue los terrenos.

Greenpeace pedirá al TSJA que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, norma de rango superior donde El Algarrobico figura como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016. Una vez modificado el PGOU, Greenpeace demandará al Ayuntamiento de Carboneras que revise la licencia de obras y, una vez declarada ilegal, que inicie un expediente de demolición. «Todas estas peticiones irán incluidas en el mismo recurso contencioso administrativo», advirtieron desde el colectivo ecologista.

Reiteración

La organización aseguró que no es la primera vez que la justicia exige al Gobierno andaluz que inicie los trámites por la vía civil, pues ya en 2015, el propio TSJA le pidió lo mismo. Esto supone un nuevo retraso, como mínimo de seis años hasta que se pueda proceder al derribo. La responsable de Biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos, explicó su decisión exponiendo que «la estrategia jurídica seguida por la Junta de Andalucía para demoler el hotel puede demorarse muchos lustros. Para evitar más dilaciones, Greenpeace ha decidido abrir esta vía en los tribunales». «Esta es la forma más rápida para demoler el hotel. Si esperamos a que lo ejecute la Junta de Andalucía, lo verán las siguientes generaciones», subrayó Marcos.

«Queremos evitar que este proceso sea eterno»

La Junta de Andalucía ejerció el derecho de retracto sobre las fincas de El Algarrobico en el año 2006. El retracto es el derecho que tiene la Junta para adquirir las fincas que se venden dentro de los parques naturales abonando al comprador la misma cantidad que él abonó al vendedor. Los compradores de El Algarrobico (Azata y sus filiales) recurrieron al TSJA la resolución del Gobierno de Andalucía acordando el retracto, pero el tribunal andaluz, en sentencia firme del 7 de octubre de 2013, dio la razón a la Junta. En esa fecha, el Gobierno andaluz podía ya haber comenzado los trámites para obligar a Azata a entregarle la finca, pero no lo hizo hasta el año 2015. «Una vez que el Gobierno andaluz tome posesión de los terrenos dentro de unos seis años, podría ocurrir que Azata no reconozca que el retracto incluya el hotel, lo que implicaría nuevos pleitos. Y si finalmente la Junta consigue ser el dueño legal de los terrenos y del hotel, el siguiente problema será demolerlo, ya que el Ayuntamiento de Carboneras probablemente no conceda licencia de demolición, porque según su PGOU, el hotel tiene licencia de obras y está construido en terreno urbanizable», sentenció Marcos.

Desde Greenpeace lamentan que el Gobierno andaluz pudiendo haber comenzado los trámites para obligar a Azata a entregarle la finca en 2013, no lo hiciese hasta el año 2015. «A los cuatro años de retraso que ya lleva la Junta en su pretensión de apropiarse de los terrenos, habrá que sumar ahora el tiempo que tarde en tramitar el pleito civil, que puede prolongarse durante seis años más».

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