Greenpeace pide obligar a Carboneras a abrir expediente de demolición a El Algarrobico

Greenpeace pide obligar a Carboneras a abrir expediente de demolición a El Algarrobico

Conmina al TSJA a llevar a cabo esta acción

EUROPA PRESSALMERÍA

Greenpeace ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a abrir expediente de demolición sobre el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico ya que la licencia municipal de obras que se concedió en 2003, además de ser nula de pleno derecho, ha «caducado y ha perdido sus efectos».

«De una u otra forma, el hotel es ilegal e ilegalizable y su futuro es desaparecer», argumenta el colectivo conservacionista, que remarca que las obras del inmueble, ejecutado a más del 90 por ciento, «no se pueden reanudar» y que, por tanto, procede la «demolición para restablecer la legalidad al ser manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística».

Así lo expone en el escrito de conclusiones elevado al TSJA en el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue para «agilizar» del derribo de la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

Greenpeace indica que la propietaria del hotel, pese a que defiende que la licencia de obras «sigue vigente» y «no se puede demoler el hotel, ha reconocido a lo largo del proceso que »no se pueden reanudar las obras por imperativo legal«.

«La tesis de Azata nos conduce a que el hotel se derrumbará por el paso de tiempo. De hecho, ya han tenido que retirar una de las grúas por motivos de seguridad dado su estado ruinoso. Pero la otra posibilidad es que la sala acuerde la demolición del hotel», señala.

Con respecto al Ayuntamiento de Carboneras, el colectivo apunta que la «única razón que esgrime» para oponerse a abrir expediente de demolición es que «su coste económico es inasumible para las arcas municipales» y recuerda que, como ya se ha explicado en la demanda, el coste del derribo, en caso de que lo acuerde el TSJA, va a correr a «cargo del Gobierno central y de la Junta andaluza en base al protocolo firmado en 2011».

«Azata no reanudó las obras en 2014 porque no quiso«

Greenpeace también rebate la afirmación de Azata de que la licencia municipal que obtuvo en 2003 «sigue en vigor» y no ha caducado ya que «no se les puede imputar a ellos que no se hayan retomado las obras» y asegura que sí ha incurrido en causa de «caducidad» porque, tras el fallo de julio de 2014 «negando la posibilidad de revisar de oficio la licencia de obras, pudo reanudarlas y no lo hizo pese a contar con la autorización municipal adoptada en pleno extraordinario de 26 de agosto de 2014».

«El alcalde de Carboneras, tras la publicación de la citada sentencia, animó públicamente a los propietarios del hotel a reanudar las obras. Si no lo hicieron, fue porque no quisieron y, por tanto, la licencia ha incurrido en causa de caducidad insubsanable y ya no es posible legalmente acceder a una nueva para reanudar las obras sin incurrir en presuntas responsabilidades penales», subraya.

El escrito concluye que, según el artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística, la caducidad de la licencia «extingue» sus efectos, por lo que las obras «no están amparadas por ninguna licencia» y añade que, dado que las obras están realizadas en terrenos clasificados como protegidos y «manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, procede el derribo del hotel para reponer la realidad física alterada y restablecer la legalidad urbanística».

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento, el Ayuntamiento de Carboneras ha comunicado al TSJA que ha dado cumplimiento a la sentencia que le ordena cambiar el suelo de El Algarrobico de urbanizable a espacio protegido en su planeamiento urbanístico pero que no puede declarar nula la licencia de obras que concedió a Azata del Sol para construir el hotel.

Alegó en su escrito que la posibilidad de revisar de oficio el acto administrativo por el que concedió la licencia para declarar su nulidad ya fue vetada por el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 2014 «definitiva y firme» pero remarca que esta es, ahora mismo, «inejecutable» debido a que «ha cambiado radicalmente» la normativa vigente en 2003 conforme a la que se tramitó.

El Ayuntamiento carbonero argumenta que el acto de declarar la nulidad de la licencia «deberá ir acompañado de la correspondiente indemnización» y remarca que no puede hacerse cargo ni de este ni del coste de la demolición, «que, desde un punto de vista económico, es absolutamente inasumible sin la ayuda de las otras administraciones implicadas».

 

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