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El anteproyecto de la Ley de Costas lleva una claúsula 'antialgarrobicos'

El Gobierno aprobó el pasado viernes el anteproyecto de la Ley de Costas que, entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

EUROPA PRESS

Martes, 10 de mayo 2016, 08:58

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La ley incluye también la 'cláusula antialgarrobicos', que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en la playa virgen del paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.

 

Los chiringuitos de playa podrán contar, además, con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta."Parece que en lugar de #Rescatemospersonas se impone el #Rescatemoschiringuitos", dijo en su cuenta en Twitter el partido político Equo, de corte ecologista y dirigido por el ex director de Greenpeace Juan López de Uralde.

La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía. El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.

La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas. "Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.

 

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