Palomares, ¿un área contaminada o un caso de exposición perdurable?

Ecologistas recordando y exigiendo actuar en Palomares./IDEAL
Ecologistas recordando y exigiendo actuar en Palomares. / IDEAL

Ecologistas pide que el CSN aclare ante la Audiencia Nacional sus «contradicciones»

EUROPA PRESSCuevas del Almanzora

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que requiera al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que «aclare» si considera Palomares como un «área contaminada» o, por el contrario, se reafirma en lo que ha mantenido a lo largo del pleito, que pasa por que es solo un caso de «exposición perdurable».

«Es sumamente relevante para el presente procedimiento que el CSN lo aclare pues la normativa a aplicar en ambas clasificaciones es muy diferentes y también lo son los criterios radiológicos», indica en el escrito de ampliación de hechos presentado ante la Sección 7º de la sala de lo Contencioso-administrativo de la AN que debe decidir si obliga al regulador atómico a fijar una fecha para llevar a cabo en plan de limpieza de residuos radioactivos en la pedanía de Cuevas del Almanzora.

El escrito se produce a raíz del documento hecho público el pasado día 3 por el CSN y en el que, según advierte Ecologistas, se informa de la existencia de seis «áreas contaminadas contempladas en el artículo 81 del Real Decreto que modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y a las que les es de aplicación el citado reglamento».

Indica el demandante que el regulador atómico incluye Palomares «entre esas seis áreas contaminadas», lo que «contradice lo sostenido a lo largo de este procedimiento judicial sobre que Palomares constituye exclusivamente un caso de 'exposición perdurable' del artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes sin que le sea de aplicación el reglamento sobre instalaciones nucleares».

La diferencia, explica Ecologistas, influye directamente en cómo se debe realizar la limpieza de la zona. Por último, solicita a la sala que dé traslado a la Abogacía del Estado para que, en el plazo de cinco días, «manifieste si son ciertos los documentos y, de ser así, aclare o desvirtúe su contenido».

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