Verificadores de la Comisión Europea visitarán Palomares en 2019 para comprobar la gestión del área contaminada

Verificadores de la Comisión Europea visitarán Palomares en 2019 para comprobar la gestión del área contaminada

La institución señala la necesidad de «seguir realizando seguimiento de esta cuestión con las autoridades españolas» ya que no se ha celebrado «aún el acuerdo vinculante con EEUU» para ejecutar el Plan de Rehabilitación

EUROPA PRESSALMERÍA

La Comisión Europea (CE) ha informado de que realizará en 2019 una misión de verificación al área bajo vigilancia radiológica de Palomares, en Cuevas del Almanzora, para comprobar si se han puesto en práctica las recomendaciones que efectuó en 2010 para una adecuada gestión de esta zona contaminada que abarca más de 40 hectáreas.

En una respuesta de la Comisión europea al requerimiento de Ecologistas en Acción a través de la Comisión de Peticiones, la institución no da fecha exacta en la que se cursará la visita pero si señala la necesidad de «seguir realizando seguimiento de esta cuestión con las autoridades españolas» ya que no se ha celebrado «aún el acuerdo vinculante con EEUU» para ejecutar el Plan de Rehabilitación que incluye el almacenamiento de los residuos que se generen en la limpieza en suelo norteamericano.

La Comisión Europea realizó en abril de 2010 una misión de verificación para evaluar la eficacia y el funcionamiento de los programas de vigilancia aplicados en Palomares en el marco del artículo 35 del Tratado Euratom que obliga a los estados miembros a crear las instalaciones necesarias para la gestión de áreas contaminadas que garanticen el cumplimiento de las normas básicas de seguridad.

El informe que se elaboró tras la misión, tal y como destaca el propio organismo, concluyó que los estudios radiológicos y programas de vigilancia establecidos «eran adecuados y eficientes» si bien «alentaba a proseguir con el seguimiento de la radioactividad ambiental».

El Gobierno español informó en junio de 2018 a la Comisión Europea de que se habían «puesto en marcha las recomendaciones sobre el vallado de la zona» que formuló entonces el equipo de verificación y «confirmó» que, hasta que no se adopte «el plan de rehabilitación definitivo» para Palomares, el programa de seguimiento radiológico medioambiental, que incluye la toma de datos en suelos, sedimentos, agua, aerosoles, la vegetación y productos de origen animal, «no será modificado».

«A partir de entonces se decidirá sobre las modificaciones que se deban introducir en el actual programa de seguimiento radiológico ambiental», recoge la Comisión Europea que le han comunicado las autoridades españoles, que añaden que «cuando concluyan las operaciones de rehabilitación, llevaran a cabo un estudio medioambiental definitivo en el lugar» en el que se produjo el accidente entre bombarderos estadounidenses y caída de las bombas termonucleares en 1966.

La Comisión Europea también se pronuncia sobre la polémica entorno a si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) modificó en 2015 los criterios radiológicos que se establecieron para la limpieza de la zona en el plan de descontaminación que se aprobó en 2010 para supuestamente facilitar la firma de la declaración de intenciones con EEUU ya que este cambio suponía un menor volumen de tierra a limpiar y menos residuos que almacenar.

Así, apunta que, también en junio de 2018, España comunicó que no habían celebrado «aún» el acuerdo vinculante sobre el plan de rehabilitación anunciado en la declaración de intenciones de 2015 y que, por tanto, no había plan «definitivo» si bien precisó que en la citada declaración de intenciones se hacía constar que los niveles de Americio-241 aún existentes en Palomares «deberán ser inferiores a 1Bq/g en las zonas 2 y 3 del área bajo vigilancia radiológica e inferiores a 4Bq/g en la zona 6, entiéndolos sobre la base de un nivel de intervención fijado en 1 mSv anual».

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado que se le aporten pruebas respecto al traslado en 2016 al área bajo vigilancia radiológica de Palomares de casi 1.500 kilos de material radioactivo que permanecen almacenados en contenedores para comprobar la veracidad de tales hechos y «aclarar» el origen de esos materiales radioactivos. Esto se ha hecho el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue a instancias de Ecologistas en Acción para impulsar la ejecución del plan de rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

 

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