Afectados por la remodelación del Puerto de Carboneras alegan al rechazo de su suspensión cautelar

En un extenso escrito, la asociación rechaza los argumentos esgrimidos por el alto tribunal andaluz, que señalaba en un auto que la adopción de medidas cautelares podría causar «perjuicios» al interés público, si bien desde la entidad ven «falta de motivación» en dicho pronunciamiento puesto que «no se justifica en qué consistiría ese perjuicio al interés público».

«Si la Sala acuerda suspender el inicio de la obras, no se le causaría ningún perjuicio al interés público, pero tampoco a Marina San Andrés S.A. pues seguirá ingresando en concepto del alquiler de los amarres 200.000 euros al año sin gasto alguno», han apuntado en su documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, desde la asociación se precisa que la petición va encaminada a que «no se permita la modificación sustancial e ilícita del proyecto sometido a licitación» y no la paralización de las obras «legalmente» sometidas a concurso público.

«La modificación del contrato beneficia enormemente a la mercantil concesionaria con un aumento desmesurado en los precios de los amarres y con una disminución sustancial e injustificada en el número de los amarres de los barcos de menor eslora y aumento de los de mayor tamaño», exponen en su escrito de alegaciones.

Con ello, inciden en que el nuevo proyecto «reduce el número de amarres» para los navíos de seis metros de eslora «de 96 a tan sólo 29» con el objetivo de reducir costes de mantenimiento, mientras que los amarres para barcos de ocho metros de eslora «se ven reducidos de 60 a 29». Sin embargo, según han contrapuesto, «los de 15 metros se incrementan de los seis licitados hasta los 21».

En este sentido, han asegurado que el nuevo proyecto «no se lleva a cabo en interés público sino en el privado de la concesionaria», puesto que la disminución de los amarres de menor eslora y aumento de los de mayor «han provocado un enorme malestar entre los habitantes de Carboneras que han convocado ya cuatro manifestaciones de protesta con sus embarcaciones»; la última de ellas este mismo domingo.

De otro lado, la asociación cree que la denegación de medidas cautelares sí conllevaría perder la finalidad del recurso, ya que en el mismo se solicita la licitación de un nuevo proyecto «que satisfaga las necesidades de la flota pesquera y deportiva» con la anulación de la modificación del contrato de remodelación.

«En caso de que finalmente se dicte sentencia firme en el pleito principal acordando que se anule el expediente de modificación del contrato para la remodelación de dicho puerto (...) y se someta a licitación un nuevo proyecto, no tendría validez alguna, el pleito principal habría perdido su finalidad», han advertido.

Un interés «puramente crematístico»

Entre otras consideraciones, la asociación recalca además el interés «puramente crematístico» de la mercantil concesionaria ante el «lamentable estado de abandono» en que se encuentra el puerto, donde «ya se han hundido dos embarcaciones por tener los amarres defectuosos», han advertido.

De este modo, inciden en que la mercantil «no ha revisado ni una sola vez las sujeciones del pantalán flotante» que tiene las «cadenas oxidadas y desgastadas» por lo que «cualquier temporal de poniente puede romperlas y lanzar a las 52 embarcaciones amarradas al pantalán».

«Marina San Andrés S.A. no efectúa absolutamente ninguna medida de mantenimiento», han lamentado antes de quejarse también de los «constantes los robos» y del «nulo interés» de la empresa por prestar un «servicio público» puesto que, según ven, su «exclusiva pretensión es lucrase en perjuicio de los usuarios del puerto, como refleja la modificación del contrato y la situación actual».

En su demanda, presentada el pasado mes de julio, la asociación sostiene que se la modificación del contrato se hizo «a espaldas del sector deportivo» por el aumento de la flota pesquera, que era «un hecho previsible para la APPA si hubiera actuado con diligencia» toda vez que no cumpliría varios requisitos establecidos en al menos tres artículos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.