Los afectados por la remodelación del Puerto de Carboneras se niegan a sacar sus barcos y harán manifestación

La organización ha previsto la realización de una marcha desde el puerto hasta el Ayuntamiento de la localidad, donde se tratará de recabar el apoyo municipal para exigir a la Junta que se estudie un «boceto» o plan alternativo de amarres que evite el desplazamiento de los barcos más pequeños, la mayoría de ellos de marineros locales.

Según ha explicado el portavoz de la plataforma de afectados, Joaquín González, la entidad adjudicataria, que cuenta con una subvención de más de 1,2 millones de euros para la realización de los trabajos, comenzó a contactar hace dos semanas con los propietarios de los barcos para solicitar permisos y poder desplazar las naves, a lo que sus propietarios se han negado de forma generalizada.

Los afectados han señalado su desacuerdo con los planes para la reordenación del puerto puesto que, en la práctica, supone contar solo con «29 amarres» para barcos de hasta de seis metros cuando actualmente hay «180 barcos de menos de seis metros». Del mismo modo, han incidido en el incremento de los precios, que supondrían el pago de «60.000 euros más IVA» por el amarre de los «10.000 o 12.000 euros inicialmente previstos».

«Es totalmente desproporcional, de hecho, hemos hecho comparativas con otros puertos y hay puertos con muchísimo nombre que ni siquiera cobran esos precios», ha señalado González, quien se ha cuestionado como la APPA «consiente esos precios y ese abuso» ante una remodelación que incluye «amarres de 18 metros» cuando «aquí no hay ningún barco de 18 metros».

Los usuarios del puerto, muchos de los cuales lo son desde su inauguración en 1991, se niegan a abandonar la dársena ante unas obras pendientes de iniciarse, de modo que el mantenimiento de los atraques supone a la hora de desalojar a un gran número de barcos a los que, además, deben dar almacenamiento.

Recurso ante el Tribunal Supremo

Si bien la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio vía libre a las obras de remodelación tras inadmitir el recurso de la asociación para anular el expediente sobre el que se sostienen los trabajos, estos han elevado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que defienden su legitimidad como afectados para adoptar acciones.

Según los demandantes, las obras de remodelación supondrán una severa reducción de amarres y un incremento de precio que expulsaría, de facto, a unas 60 embarcaciones de las instalaciones, sentido en el que inciden en que ellos defienden sus intereses como «perjudicados» por una «modificación del contrato sometido a licitación».

En sus alegaciones para el recurso de casación, la entidad incide que su legitimación tanto para poder elevar el Recurso Especial en Materia Contractual (REMC) que no se tuvo en cuenta como para recurrir a la vía contenciosa la denegación de dicho recurso por el que avisaba de la reducción de amarres y el incremento de costes.

Con ello, señalan datos vinculados que demostrarían los perjuicios de la remodelación, ya que según han argumentado, se van a construir «solo 166 amarres» de los 260 licitados, de modo que los amarres de seis metros «se limitan a 29 frente a los 96 licitados y los 90 mínimos» exigidos en los pliegos, toda vez que de los de ocho metros, «finalmente se van a construir 60» del «mínimo de 80» que indican los pliegos.

La asociación impugnó la modificación iniciada en junio de 2021 realizada sobre la obra, que se adjudicó en 2019, al entender que con dicha modificación se reducían el número de atraques, lo que suponía «expulsar» de la dársena a 65 embarcaciones e «incumplía» el pliego de condiciones.

«Estamos ante un problema aritmético: la asociación tiene 140 barcos de menos de seis metros de eslora y solo se van a construir 29 amarres de ese tamaño, lo que supone que la mayoría de los barcos de la asociación tendrán que abandonar la dársena», han planteado ante el Supremo para señalar su rol de parte «interesada».

Barcos en «marina seca»

De igual modo, desdeñan el plan de la APPA para «minimizar» la modificación del contrato al sumar como amarres para barcos de seis metros de eslora unos 50 depositados «en una marina seca». «No se pueden contabilizar como tales puesto que supone una expulsión de 50 embarcaciones de la dársena para almacenarlas en tierra», han advertido.

La opción de enviar barcos a una «marina seca» se presenta «totalmente inviable» para los afectados, quienes han advertido de situaciones en las que podrían coincidir «15 o 20 barcos» que deben salir a la vez al mar ante la pesca temprana de calamar o bonito, que se da en muy poco margen de tiempo. «Cuando salga el último, ¿a dónde va? Ya no podría hacer nada», han observado.

Asimismo, también rechazan la dotación de 36 amarres para «jubilados del mar» dado que no son «nuevos amarres» porque «no van a ir en la dársena deportiva sino en la zona pesquera». «La dársena deportiva no incluye a los jubilados. Los jubilados de la mar irán en la zona pesquera y sus amarres serán gestionados por la APPA, según consta en el expediente de concesión», han señalado.

El TSJA determinó que la plataforma «no concurrió a la licitación del contrato de concesión de obras controvertido ni tiene capacidad para optar a tal licitación» al tiempo que le negaba su legitimación en la causa al entender que su defensa es sobre «un interés abstracto o un mero interés en defensa de la legalidad» en el marco de la contratación pública.