José Luis Amérigo. / ideal

El alcalde de Carboneras cree que Hernández debería entregar su acta como edil

a Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 13 años de inhabilitación para cargo público por contrataciones irregulares a Salvador Hernández

E.P.

El alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE), cree que el exprimer edil y actual concejal en la oposición Salvador Hernández (Gicar) está «deslegitimado» para continuar como cargo público tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que le condena a 13 años de inhabilitación para cargo público por contrataciones irregulares durante su etapa de alcalde, sentido en el que cree que debería «dejar por higiene democrática» su acta de concejal.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, el primer edil socialista considera que la sentencia, que aún no es firme y sobre la que cabe recurso de apelación, «viene a ratificar lo que desde el PSOE de Carboneras siempre hemos denunciado» al quedar «demostrados los intereses espurios y personales que tenía Salvador Hernández y que nada tenían que ver en realidad con el interés común de los carboneros».

Así, el también secretario general del PSOE de Carboneras ha incidido en las «continuas ilegalidades» a lo largo de los «siete años de mandato» de Hernández, quien con este falle se enfrenta a una «segunda inhabilitación» tras una primera condena ya cumplida por la que quedó inhabilitado durante un año.

«Aún quedan más cuestiones por dirimir en la justicia de estas ilegalidades que desde el PSOE de Carboneras hemos denunciado e incluso también particulares de Carboneras y de fuera de nuestro pueblo, quedan muchas cuestiones por dilucidar», ha afirmado Amérigo en relación al concejal.

El fallo de la Sección Tercera de Almería condena al exalcalde de Carboneras y actual edil a 13 años de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal al entender que durante su etapa como alcalde entre 2011 y 2017 incurrió en un delito de prevaricación administrativa al efectuar varias contrataciones irregulares con empresas.

El tribunal da por probado que el entonces primer edil se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas «contrarias a la ley» al adjudicar varios servicios a dos empresas «tramitándolo indebidamente como contratos menores», lo que hizo «a sabiendas de su ilegalidad y de ser actos contrarios a derecho».