El alcalde de Carboneras encarga un informe con los pasos para revisar la licencia del Algarrobico

Así lo ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado mes de marzo dio un mes de plazo al primer edil carbonero para que incoara el procedimiento encaminado, inicialmente, a la anulación de la licencia como paso previo para derruir el edificio.

A través de su providencia de este 9 de abril, consultada por Europa Press, el regidor opta por contar con un informe de manera previa a dar inicio al expediente de forma directa, lo cual pone en conocimiento del alto tribunal andaluz, que le apercibió con multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros, o incluso deducir testimonio ante una eventual responsabilidad penal, en caso de no dar respuesta a su petición.

La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la licencia ante la petición que Azata del Sol reiteró en diciembre de 2024, por la cual reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero por la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta «vicios de nulidad», de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y «devolver a su estado originario» el paraje, «que debió mantenerse inalterable», según concluyó el Tribunal Supremo (TS).

La ponente María Isabel Moreno Verdejo hizo tal requerimiento al Ayuntamiento aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS, tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del «principio de identidad», dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la «obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo».

La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia.

De forma paralela, al alcalde de Carboneras también ha remitido ya al TSJA la corrección de errores en los documentos técnicos de su plan de ordenación urbana en el procedimiento que se sigue para declarar de manera efectiva como «no urbanizables» los terrenos de El Canillar y El Algarrobico.

Desde el Ayuntamiento confían en que dicho trámite permita dar cumplimiento al fallo que obliga a reclasificar los suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en los que se asienta parte del hotel, aunque desde Greenpeace sostiene que, pese a dicho trámite, los suelos son aún «urbanizables» puesto que no se han cumplido «todos los trámites necesarios», al no haberse publicado la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ni haberse remitido el cambio a la Junta de Andalucía para su registro posterior.

Inicio de la expropiación

En el ámbito administrativo, el Gobierno inició el pasado 11 de marzo el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel así como el propio inmueble en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre con la publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros.

El Gobierno ha publicado ya dicho acuerdo además en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en un diario de gran difusión de la provincia y a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras.

Con ello, el periodo de 15 días de exposición pública para hacer alegaciones a fin de subsanar únicamente «posibles errores en la identificación del bien a expropiar» comenzó a contar el pasado 2 de abril.

Finalizado el plazo de información pública, el Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase de determinación del justiprecio.

El Gobierno, que ha alentado a la Junta de Andalucía a adoptar un procedimiento paralelo para expropiar los terrenos y el hotel que ocupan parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.