La Junta se persona en la expropiación de El Algarrobico tras más de 5 meses «sin información» del Gobierno

Cansada de la falta de avances, la Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el proceso de expropiación iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica respecto al hotel de El Algarrobico, en Carboneras, tras más de cinco meses sin recibir información del Gobierno central. Esta actuación se suma a otras tres vías ya emprendidas por el Ejecutivo andaluz: la participación en el procedimiento judicial, en la modificación del planeamiento urbanístico y en la revisión de oficio de la licencia del hotel. El objetivo es restablecer la legalidad urbanística y ambiental en este enclave del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, cuya titular es la jienense Catalina García, la personación busca «ejercer un papel activo» en el procedimiento, al que no había tenido acceso pese a sus reiteradas solicitudes. En la última comisión mixta entre ambas administraciones se acordó que el Ministerio remitiría la documentación relativa a la expropiación, pero al no recibir respuesta en el plazo previsto, la Junta ha decidido incorporarse al expediente para conocer los pasos previstos y evaluar su alcance.

El Gobierno andaluz aclara que su intención no es retrasar el proceso, sino reforzar el compromiso con la demolición del hotel ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza. Y es que el Gobierno andaluz recuerda que el pasado 10 de febrero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE-A, prometió que el hotel -la parte del mismo que invade el dominio público marítimo y terrestre- sería derribado en un plazo de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, no se han producido avances visibles ni se ha recibido información oficial por parte del Estado en las oficinas autonómicas.

El hotel, construido por Azata del Sol en suelo no urbanizable y parcialmente en la servidumbre de protección marítimo-terrestre, ha sido considerado por el Tribunal Supremo como un símbolo del urbanismo ilegal. La Junta insiste en que el Ayuntamiento de Carboneras debe culminar la revisión de oficio de la licencia, un procedimiento avalado por sentencias firmes, y lamenta los tres años de demora en cumplir con esta obligación.

Desde el Ejecutivo andaluz subrayan que se ha intensificado su implicación en la resolución del conflicto en 2023 y 2024, participando activamente en los procesos judiciales que obligan a modificar el planeamiento municipal para adaptarlo a la protección especial del suelo. Además, los Presupuestos de 2025 incluyen un millón de euros para el desescombro y la renaturalización del entorno. «La prioridad es garantizar decisiones responsables y sostenibles, evitando promesas incumplidas o soluciones improvisadas que solo retrasan la demolición y la recuperación ambiental», concluye la Junta.

Veinte años de litigio

El conflicto sigue enquistado entre la vía de expropiación promovida por el Gobierno central y la apuesta de la Junta de Andalucía por que el Ayuntamiento de Carboneras ejecute la nulidad de la licencia. Mientras tanto, el edificio permanece en pie, deteriorado y sin avances significativos. Y lo que resulta más relevante, la demolición definitiva depende de la coordinación o el desencuentro entre administracione

a Junta de Andalucía sostiene que la expropiación puede alargar el proceso por posibles recursos judiciales, y defiende que la vía más rápida es declarar como nula la licencia de obras de 2003 mediante el Ayuntamiento de Carboneras. Mientras tanto, la Junta ha exigido presión para que el Ayuntamiento cumpla dos sentencias firmes: reclasificar los terrenos como no urbanizables y revisar la licencia, dos trámites que lleva años incumpliendo. Desde el Gobierno, mientras tanto, se declaró parte del terreno del hotel como de utilidad pública -la parte que invade el deslinde de costas- dando inicio al proceso de expropiación sobre el 40% del edificio, la parte que invade la servidumbre marítimo-terrestre. El resto, dentro de los terrenos del parque natural pero fuera de la línea de costa, el Gobierno lo delega a la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que en febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso de Almería ordenó paralizar las obras tras detectar que parte del hotel estaba sobre dominio público marítimo-terrestre. La denuncia se interpuso en 2005 por parte de varios colectivos conservacionistas y ecologistas. Ese mismo año, la Junta de Andalucía reconoció que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque clasificaba la zona como no urbanizable de especial protección.

El hotel cuenta con 20 plantas y 411 habitaciones a apenas 14 metros del mar y se inició gracias a una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. Desde entonces, tanto la promotora, Azata del Sol, como el consistorio carbonero han litigado por facilitar la obra y la apertura del edificio hotelero, que consideran positivo para el entorno debido a la potencial creación de empleo que puede generar en la localidad.

• Temas
• Junta de Andalucía
• Gobierno de España
• Andalucía