Anulan el registro de vivienda del investigado por el crimen de un francés desaparecido en Vera en 2022

En un auto consultado por Europa Press, el alto tribunal andaluz estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el letrado Nabil El Meknassi contra la resolución de la Audiencia Provincial, que rechazaba todas las cuestiones previas, y da la razón a la defensa para que no se tenga en cuenta un registro en el que, por otra parte, se hallaron efectos del desaparecido.

El hombre, que será enjuiciado por un tribunal de jurado en la Audiencia de Almería, permanece en libertad con cargos y la obligación de comparecer quincenalmente ante un juez desde el pasado mes de diciembre tras haber depositado una fianza de 10.000 euros cuando se cumplían dos años de su estancia en prisión preventiva.

Ahora, de cara a la celebración de la vista oral, el TSJA determina que la diligencia realizada por la Guardia Civil es nula por varios factores que, en resumen, determinan que el hombre no fue correctamente informado sobre sus derechos como investigado y no estuvo asistido por un abogado.

«Los agentes debieron informarle de manera clara y constatable, antes de solicitarle el consentimiento para la entrada y registro, de su derecho a negarse sin que ello comportase para él perjuicio alguno, así como de su derecho a ser asistido por un letrado antes de contestar a la pregunta de si permite que examinen su domicilio», reza el auto.

El tribunal expone que la medida de investigación adoptada ya iba «dirigida contra» el investigado debido a que éste, en su declaración, había contado que había estado en la casa del desaparecido con él y no en la suya. «En consecuencia, la información que se pretendía obtener era de A., y no del desaparecido».

En este punto, el TSJA observa que la Guardia Civil ya calificaba al interrogado como «sospechoso» a través del acta de declaración recabada oficialmente como «testigo», por la que además le solicitaban una prueba de ADN, lo que añade un elemento más de certeza en cuanto a que, en ese momento, la investigación estuviera ya dirigida contra él.

Del mismo modo, el acta de entrada y registro voluntaria dejó «en blanco» el espacio destinado a reflejar el consentimiento del dueño de la vivienda, más allá que el documento apareciera firmado por el investigado y que en él se diga que la entrada se hizo como voluntaria.

«No puede considerarse acreditado, por dicha firma, un consentimiento expreso e inequívoco, con conocimiento de su derecho a oponerse sin sufrir ningún perjuicio, y menos aún espontáneo», expone el ponente de la Sala de Apelación Miguel Pasquau.

Una «coacción ambiental»

El TSJA no descarta un posible «factor de coacción ambiental» sobre el sospechoso e incide en que las dudas sobre el carácter «libre e inequívoco» del consentimiento dado, puesto que el hombre lo habría otorgado cuando se hallaba en dependencias policiales y se le interrogaba por su relación con un desaparecido, lo que podría motivar que no quisiera «incrementar las sospechas sobre sí mismo negándose a ser registrado».

El tribunal concluye así que el investigado «no fue informado de sus derechos» pues declaró «como testigo» y, por lo tanto, el consentimiento que diera para registrar de su vivienda «no vino precedido de una información clara y eficaz sobre su derecho a negarse» ya que diligencia en sí «iba dirigida, por su naturaleza y circunstancias del caso, a obtener información que podría ser incriminatoria en su contra».

«No podemos saber qué habría decidido si hubiera sido eficazmente informado de tales derechos, ni qué habría decidido si finalmente hubiese recibido asistencia letrada», determina el auto para acceder a la anulación de la entrada y registro de la vivienda.

El cuerpo no ha aparecido

El arresto del sospechoso tuvo lugar en septiembre de 2023 a través de la operación 'Lingüa', por la que la Guardia Civil lo arrestó por un presunto delito de homicidio y otro de robo con violencia e intimidación ante la desaparición de la víctima, cuyo cuerpo no ha aparecido aún.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera imputó en un primer momento al acusado la supuesta comisión de un delito de detención ilegal sin razón de paradero conocido y otro delito continuado de estafa, conforme informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos fueron denunciados el 8 de septiembre de 2022 después de que el hijo de la víctima llevara varios días sin saber nada de él. En este sentido, la última noticia que se tenía del desaparecido fue en la noche del 23 de agosto, cuando acudió al domicilio del principal sospechoso.

El individuo fue detenido por los agentes cuatro días después de la denuncia basándose en sus averiguaciones, ya que el arrestado, con el «rostro cubierto», habría efectuado diversos reintegros de dinero en cajeros de la zona con la tarjeta de crédito de la víctima.

En concreto, según fuentes del caso, realizó supuestamente casi una decena de reintegros en un cajero haciendo uso de la tarjeta de crédito que estaba a nombre de la víctima. Las extracciones se habrían hecho siempre en cantidades que superaban los 400 euros.

Los agentes llevaron a cabo el registro del domicilio del sospechoso, donde se localizaron varios objetos personales de la víctima, por lo que fue detenido. Este es, precisamente, el registro que ha quedo anulado por el TSJA.

La Guardia Civil relacionó al sospechoso de «forma directa» con la desaparición de la víctima en el marco de una investigación con la que obtuvo «fuertes evidencias», entre ellas pruebas de ADN y una «exhaustiva reconstrucción de los hechos».

Un viaje no realizado

Fue el propio hijo de la víctima quien alertó de la desaparición de su padre puesto que llevaba una semana sin saber nada de él, toda vez que el hombre no había realizado un viaje que tenía planificado a Francia.

Los agentes iniciaron la investigación con la recopilación de todos los datos del entorno cercano al desaparecido y de su rutina diaria, así como de los planes previstos para el día de su desaparición.

Así, pudieron verificar que la víctima no llegó a emprender el viaje previsto y que sus comunicaciones se cortaron de forma «repentina» estando en su domicilio unos días antes de la denuncia de la desaparición.

Fue entre el día del corte de las comunicaciones y el día de la denuncia cuando los agentes comprobaron que se habían producido movimientos bancarios con la tarjeta del desaparecido por parte de un hombre con el rostro cubierto.

Esto llevó a los agentes a determinar que la tarde-noche en la que se produjo el corte de las comunicaciones de la víctima tuvo lugar un «hecho violento en su domicilio», donde el detenido presuntamente «acabó con su vida» y al día siguiente «se deshizo del cadáver», según la tesis de la Guardia Civil.

El avance de la investigación contó con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), y del Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas (GEAS) y el Servicio de Criminalística de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.