Aplazado a diciembre el juicio a once acusados de cultivar 52.300 plantas en invernaderos de Níjar

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha resuelto posponer la celebración de las dos sesiones del juicio después de que uno de los abogados recibiera el sumario del caso, de especial complejidad, el pasado jueves tras su reciente nombramiento, toda vez que ha observado la necesidad de sustituir a otro que concurre en el proceso mediante el turno de oficio.

La Fiscalía va a solicitar penas de entre diez y seis años y medio de prisión para los componentes de la organización por delitos contra la salud pública --algunos en concurso por delito contra la seguridad vial--, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, según consta en el escrito de acusación provisional consultado por Europa Press.

El Ministerio Público sostiene que los acusados, pertenecientes a una organización con una «visión preestablecida de funciones y cometidos», alquilaron al menos desde el segundo semestre de 2017 varias fincas y viviendas en distintas zonas del sureste peninsular para dedicarlas al cultivo de «grandes cantidades de marihuana».

Para ello, habrían establecido cultivos «en fincas invernadas» o en invernaderos «prefabricados» en algunas fincas alquiladas, toda vez que establecieron «cultivos 'indoor' de marihuana en el interior de viviendas» al tiempo que se habrían aprovisionado de otras drogas como hachís y MDMA para su distribución a terceros.

La fiscal destaca así el hallazgo de dos grandes fincas de invernaderos en Níjar donde se plantó el grueso de la marihuana y en donde «permanecían en labores de cultivo y guarda de la finca parte de los integrantes del grupo criminal», quienes fueron detenidos. En total, las plantaciones intervenidas se extendían por una superficie de más de 61.500 metros cuadrados.

La primera de las detenciones tuvo lugar el 27 de septiembre de 2017, cuando los agentes acudieron con un mandamiento judicial a la finca ubicada en Las Norias de Níjar y descubrieron la plantación de cannabis que ya se apreciaba debido al fuerte olor que desprendía. Fue allí donde encontraron a uno de los presuntos guardianes del cultivo cuando trataba de abandonar el invernadero.

En concreto, los agentes encontraron un invernadero con 10.000 esquejes de marihuana, otro con 9.500 plantas adultas y 2.712 esquejes, y un tercer invernadero con unas 22.000 plantas de marihuana de dos metros aproximadamente cada una. Asimismo, en una nave anexa a la principal se hallaron 15 cajas de cogollos de marihuana en proceso de secado.

La inspección de la finca reveló además que el lugar era empleado por distintas personas como dormitorio y lugar de vida, ya que en la nave principal se encontraron siete camas, una mesa con tazas utilizadas, dos frigoríficos, un hornillo y otros utensilios personales, además de teléfonos y anotaciones así como numerosa maquinaria de envasado.

La operación continuó el 20 de octubre de ese mismo año cuando en el paraje de Atochares se localizó otra finca con más de 8.100 plantas de marihuana que trataron de ocultarse entre tomateras. En el lugar, los agentes detuvieron a dos de las personas que trataron de huir al detectar la presencia de la Guardia Civil.

Ramificaciones en Murcia y Alicante

A partir de estas detenciones, la Guardia Civil permitió averiguar nuevas localizaciones de posibles cultivos en Murcia y Alicante por parte del resto de detenidos, todos ellos de nacionalidad lituana y a quienes se achaca la pertenencia a la verdadera red criminal. Las pesquisas permitieron así, un año después, realizar registros en tres fincas, tres viviendas y un local comercial de las mencionadas provincias, donde se hallaron nuevos cultivos y drogas.

Según se desprende de la investigación, el entramado habría empleado para sus propósitos un sistema similar al que se usa para la obtención de producciones hortofrutícolas en invernadero, a través del alquiler de fincas y la contratación de invernaderos tubulares para el desarrollo de campañas, sin que las personas que alquilaban los terrenos sospecharan que pudieran destinarse a fines ilícitos.

Si bien el grueso del estupefaciente fue hallado en la provincia almeriense, los investigadores situaron Alicante como el lugar en el que se planteaban y orquestaban las operaciones en función de los documentos encontrados.

El número de plantas requisadas en total ronda las 54.000, ya que las pistas halladas en unos registros facilitaban el acceso a otras fincas o viviendas que también eran empleadas para el cultivo de marihuana, principalmente. De este modo, se llegó a encontrar una finca no contemplada inicialmente en los registros con casi 600 plantas de marihuana en Alicante.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita también multas millonarias que van desde los 16 a los 32 millones de euros por estos hechos en función de la supuesta implicación de los acusados.