Archivada la querella contra el Grupo de Regantes de Antas

El Juzgado de Primera Instancia de Vera ha archivado la querella interpuesta por la empresa Gestimur contra seis miembros de la Junta Rectora de la SAT 2503, que cuenta con 645 regantes de Antas. La Justicia ha señalado que ha quedado probado que no se produjo ningún fraude o engaño, así como tampoco «beneficio alguno del Grupo o los miembros de la Junta Rectora».

La juez basa su decisión, que exonera a los acusados, en que no ha existido «engaño» al entender que Torralba conocía las circunstancias legales de la finca, así como que los directivos de la SAT se negaron a firmar el nuevo contrato propuesto por Gestimur «por contener modificaciones sustanciales» que no habían sido aprobadas por la asamblea, y no el acordado en un principio por ambas partes.

Además, el auto señala que tampoco ha existido «beneficio injusto» por parte de los querellados que haya ocasionado intencionadamente un perjuicio al denunciante.

Gestimur, perteneciente al Grupo Torralba, solicitó a la Comunidad de Regantes de Antas 1'3 millones de euros por unos trabajos realizados en una finca perteneciente a la Comunidad de Regantes. Para entender qué llevó a Gestimur a querellar a casi todos los miembros de la SAT de Antas hay que remontarse a marzo del año 2018, cuando Gestimur realizó una oferta a la SAT para alquilar un terreno perteneciente al grupo, ubicado en la Ballabona, y que llevaba 20 años sin ser utilizado.

Según los regantes, una vez que el proyecto fue aprobado por la Asamblea General, la empresa modificó las condiciones del contrato. De forma que un contrato de 30 años de arrendamiento pasaba a ser de 30 prorrogables a otros 30, es decir, 60 años de arrendamiento, así como no hacerse cargo de las diferentes obras que realizarían en la finca, unas condiciones con las que la Asamblea y todos los socios no estaban de acuerdo.

Según los miembros de la Junta Rectora, Ginés Pérez, quien en aquel momento era Concejal de Obras en el Ayuntamiento y miembro de la Junta Rectora, le dio permiso a la empresa para empezar a trabajar en la finca. Una vez que fueron conocedores de que la empresa había comenzado a trabajar en las tierras llamaron a la Guardia Civil para que detuvieran las obras. La empresa comenzó a trabajar sin existir una licencia de obra, por lo que se paralizó la obra directamente.

En este proceso judicial se vio implicado el actual alcalde de Antas, Pedro Zamora Ridao, quien en el 2018 ejercía como tesorero y que en septiembre del 2019 tuvo que acudir al juzgado a declarar. Zamora declaró que no estuvo presente en ninguna reunión de la SAT con Torralba, porque «se hacían por las mañanas y yo trabajaba». Aún así, insistió en que si «esta querella es por defender a los 645 socios de Antas y si es por defender los derechos de mis vecinos, que me pongan doscientas querellas si quieren»