Archivan la causa contra la exalcaldesa de Garrucha por el uso de tarjetas de combustible

En su auto, consultado por Europa Press, la juez concluye que «no es posible determinar la existencia de indicios de comisión delictiva ni tampoco, de existir delito, la identidad de los presuntos responsables» en base a los informes realizados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial para determinar si se produjo un uso indebido de los fondos municipales a través de las tarjetas conforme a la denuncia.

La denuncia interpuesta por el concejal Álvaro Ramos señalaba una serie de «presuntas irregularidades» en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a vehículos municipales de Garrucha ante el «repostaje excesivo» para algunos de ellos, como una barredora «con una capacidad de 40 litros» la cual habría tenido asignadas dos tarjetas con las que se habrían facturado «repostajes por importe superior a la capacidad de combustible del depósito».

La misma denuncia advertía de la presunta facturación de repostaje por gasolina sin plomo para vehículos de motor diesel y viceversa o de carga de carburantes en «puntos geográficos lejanos del término municipal de Garrucha sin justificación aparente», sin que desde el Ayuntamiento se llegara a facilitar información al respecto.

La investigación encargada por el juzgado no ha podido determinar la existencia de indicios delictivos, dado que, entre otras cuestiones, las tarjetas de combustible «se asignaban a vehículos y no a personas, estando a disposición de un número indeterminado de éstas».

«El transcurso del tiempo impide, a su vez, la posibilidad de acordar diligencias de investigación útiles para esclarecer los hechos, a lo que se une lo manifestado anteriormente en cuanto a la imposibilidad de identificar a las personas que utilizaron las tarjetas de combustible», determina la juez.

Asimismo, de los informes se desprende la «imposibilidad de concretar irregularidades relevantes en el uso de las tarjetas de combustible» pese a que sí se apreciaba «una falta de control y fiscalización de gastos». En este sentido, la resolución judicial, contra la que cabe recurso, reserva las posibles acciones al ámbito administrativo, conforme también considera el Ministerio Fiscal, ante lo que sería, en su caso, una «falta».