La Audiencia mantendrá la investigación por supuestas contrataciones 'a dedo' a afines al PSOE en Garrucha

«De lo actuado se desprende la existencia de indicios de responsabilidad criminal y no se ha agotado la investigación», resume la Audiencia en su auto, consultado por Europa Press, en el que estima el recurso de apelación efectuado por el edil Álvaro Ramos y ordena al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera la práctica de varias diligencias, entre ellas, la declaración tanto del denunciante como de la denunciada.

El tribunal adopta esta decisión después de que en febrero se suspendiera la citación para que declarara como investigada la exprimera edil así como el denunciante ante una posible nulidad de actuaciones, dado que la Audiencia no había podido estudiar la impugnación al recurso efectuado por la denunciada, el cual finalmente ha sido desdeñado.

En su último auto, dictado el pasado 18 de marzo, la Sección Segunda incide en que la investigación no puede ser sobreseída únicamente en base a un informe pericial «de dudosa procedencia y justificación» al estar elaborado por una persona que no está titulada en Derecho.

La Audiencia incide en que el instructor solo hace referencia para dar 'carpetazo' al caso a una de las cuatro posibles irregularidades detectadas en base a la denuncia y documentación aportada por el concejal durante su etapa en la oposición dentro del grupo político Garrucha para la gente; por lo que su análisis resulta «incompleto» a la hora de poner fin a la investigación.

Así, señala en base a los documentos la «posible existencia» de varias contrataciones irregulares y no solo de una, a la que alude la defensa a la hora de justificar el procedimiento que se siguió para incorporar coyunturalmente a una trabajadora, que ya contaba con un contrato en prácticas, a la plantilla municipal.

También ve la Audiencia indicios de un posible delito de denegación de información al concejal sobre los procesos de contratación, cuya instrucción tampoco se ha apurado para esclarecer este extremo.

En esta línea, la Fiscalía también apreciaba la supuesta comisión de delitos contra los derechos cívicos al haberse negado supuestamente la exalcaldesa a facilitar información de las contrataciones amparándose en la ley de protección de datos.

Con todo, la Audiencia revoca finalmente el sobreseimiento provisional y remite de nuevo las actuaciones al juez instructor para que practique nuevas diligencias con las que determinar finalmente si archiva el caso o avanza en la tramitación del procedimiento judicial.