La Audiencia Nacional exige al Gobierno copia de sus conversaciones con EEUU para desclasificar el plan de limpieza de Palomares

La providencia firmada por el magistrado José Guerrero, consultada por Europa Pres, responde al oficio enviado a la sala por el Ministerio de Presidencia en el que señala que, para desclasificar el documento tal y como le pide, necesita el «consentimiento de las autoridades de EEUU» a las que ya se «ha consultado», según precisa.

La resolución, de 16 de junio, urge al Ministerio de Presidencia a que remita a la Audiencia Nacional los oficios enviados tanto al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) como a EEUU para decidir sobre la desclasificación del plan, y también que aporte «copia de la contestaciones recibidas».

La sala va más allá y advierte al Gobierno de que es «necesario» que responda «con la mayor agilidad posible» dada la «importante demora» que presenta el procedimiento al tiempo que le pide una «previsión temporal» acerca de cuando podría aprobar el Consejo de Ministros que se levante el secreto que pesa sobre el plan de limpieza de Palomares aprobado en 2010.

Cabe recordar que el Gobierno remarca que el plan «incluye información contenida en documentos de terceras partes» y considera, tras recibir informes al respecto según dice, que la descalificación «requiere obtener previamente la conformidad de las autoridades de EEUU».

Tras recibir la petición de la Audiencia Nacional, cursada dos veces en febrero y en mayo de 2020, Presidencia solicitó informes «a departamentos afectados», entre ellos el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), de los que se «desprende» que es preciso el visto bueno del Gobierno estadounidense.

Asimismo, el ejecutivo español ha consultado al respecto a las «autoridades de EEUU», por lo que según le ha trasladado a la Audiencia Nacional «en cuanto se conozca el resultado», se informará a la sala y, «en su caso», según afirma, se llevará a cabo la desclasificación requerida«.

Contencioso que se remonta al 2017

Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la «clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares »con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada« previstos en el citado plan de rehabilitación.

La Audiencia Nacional considera que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico «reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966» y considera, por tanto, que «es necesario conocer los planes que se hayan elaborado».

El auto contó con el voto particular del magistrado Helmuth Moya, quien ya no forma parte del tribunal y para quien la «obligación» de «descontaminar corresponde» a España que, «como país soberano», no puede «justificar su inacción» en la «falta de cooperación» de EEUU. En su lugar, se ha incorporado la magistrada Begoña Fernández Dozagarat.

«Obligación de confidencialidad»

Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

La Abogacía del Estado, por su parte, siempre lo ha rechazado. En el primer caso, alegó que se trataba de un documento que «no elaboró» el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar «con carácter confidencial», por lo que «no puede realizar la aportación del mismo».

En esta misma línea, señaló que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio y remarcó que el Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, «lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero».

Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el 22 de julio de 2015 señaló que el «tema de los criterios radiológicos», aseguró que ya se había aportado a la sala «en la parte no afectada por la Ley de Secretos Oficiales».