El Ayuntamiento de Carboneras anuncia «alegaciones» contra el ultimátum de multar al alcalde

Fuentes municipales han afirmado que las alegaciones pretenden hacer «constar» que, «justo un día antes» del último apercibimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en concreto «el 12 de abril», se envió a la sala «la información periódica» que solicita «con las avances registrados en relación al cumplimiento» de la sentencia que declaró en 2018 el suelo no urbanizable de especial protección, pero que aún no ha tenido traslado al PGOU.

Han señalado que la comunicación al TSJA incluye una providencia firmada el pasado 22 de marzo por el alcalde en la que se apunta que «una vez emitidos los informes pertinentes» por parte de los servicios técnicos municipales y de la secretaría municipal que «aclaran» cuál es el procedimiento a seguir, «se atiende la alternativa de proceder a la modificación parcial del instrumento de planeamiento general de PGOU de Carboneras en el sector ST-1 (Algarrobico) y ST-2 (El Canillar)».

Las mismas fuentes han precisado que, en esa providencia, se dispone por José Luis Amérigo «que por los servicios técnicos municipales se proceda a la modificación parcial del instrumento de planeamiento general del PGOU de Carboneras necesario, para trasladarlo a pleno de la corporación a fin de dar cumplimiento a la sentencia judicial».

«Los servicios técnicos vienen trabajando desde entonces en la elaboración de la planimetría de los sectores cuya clasificación debe ser modificada», han remarcado para concluir que, desde el ayuntamiento carbonero, se trabaja con «plena colaboración con la justicia, como no puede ser de otro modo, de cara a cumplir con sus resoluciones dentro de los complejos procedimientos en los que la situación del hotel se encuentra inmersa».

En un auto notificado este mismo lunes, el TSJA reprocha al alcalde que se haya «superado en exceso el plazo legal establecido para ejecutar» un fallo que es firme desde 2018 e indica que, ante la situación generada, la sanción «resulta ser la única opción ya disponible para evitar el perjuicio» al derecho a la tutela judicial que conlleva la inejecución de la sentencia.

La resolución, consultada por Europa Press, advierte de que, al margen de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días hasta que se ejecute por completo el fallo, la otra medida a adoptar tras el «plazo preceptivo de cinco días para presentar alegaciones», sería la de remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si fuera una infracción penal su comportamiento.

El TSJA destaca que ya hizo advertencia expresa en mayo de 2022 de que adoptaría estas medidas y señala que el apercibimiento se ha reiterado en «ocasiones posteriores sin que hayan sido objeto de impugnación» por parte del Ayuntamiento o de Amérigo.

Afea al alcalde, asimismo, que ha cesado en el cumplimiento de lo que se le ordenó en enero de este mismo año; en concreto, la obligación de remitir cada 15 días a la sala informe «cumplido y detallado» de las actuaciones realizadas para desclasificar como urbanizable el Algarrobico, así como de las que hubiese «previsto llevar a efecto en los días sucesivos».