El Ayuntamiento, a falta de un informe municipal sobre el Algarrobico para modificar el PGOU

Greenpeace, no obstante, ha trasladado al TSJA su disconformidad con las explicaciones dadas, que califica como «de relleno», y ha urgido a la sala que comience ya a imponer las multas coerctivas de 250 euros a la semana con las que apercibió el pasado mes de julio al alcalde del municipio, José Luis Amérigo.

En el informe, consultado por Europa Press, el ayuntamiento carbonero asegura al alto tribunal andaluz que ha emprendido «todas las actuaciones preparatorias necesarias para la completa ejecución» de la sentencia y precisa que resta «únicamente» un «preceptivo informe municipal» que, según dice, se ha «retrasado a causa de no contar con técnico que pudiera elaborarlo».

Precisa que se ha suscrito convenio con el Ayuntamiento de Garrucha «a fin de contar con los necesarios informes relativos a la modificación de planeamiento necesaria para la ejecución de sentencia».

En esta línea, añade que, una vez se cuente con el informe, procederá «de manera inmediata» a la convocatoria del pleno municipal para la aprobación de la modificación puntual del PGOU de Carboneras.

El citado informe municipal que aún falta responde al requerimiento a los servicios técnicos municipales mediante decreto de Alcaldía de 4 de septiembre a fin de que emitan certificación sobre la clasificación urbanística vigente de los sectores ST-1 o Algarrobico y ST-2 o El Canillar del PGOU de Carboneras a la luz de las normas de planeamiento vigentes.

Por su parte, Greenpeace advierte al TSJA de que el Ayuntamiento de Carboneras «lleva más de 15 años adoptando una actitud dilatante y obstruccionista» respecto al Algarrobico y hace alusión a que la «abundante» documentación adjunta al informe «tiene toda ella más de dos meses de antigüedad e incluye de relleno algunos documentos que ya constan en el procedimiento».

Apunta, en esta línea, a que, entre esas «actuaciones preparatorias», figura un oficio a la Junta andaluza para que «tramite el expediente», pero que se habría mandado incompleto ya que la administración autonómica «se quejó» poco después de que no le había remitido el informe jurídico que citaba en esa petición y le pidió que lo aportase «a la mayor brevedad posible».

«Han transcurrido más de dos meses y no hay noticia de que el Ayuntamiento haya cumplido el requerimiento de la Junta como tampoco ha cumplido la orden del tribunal que le obliga a presentar una información clara cada 15 días», concluye para pedir que se imponga la sanción periódica al alcalde y le aperciba «de un presunto delito de desobediencia».