Carboneras dice ahora que debe llevar el cambio de suelo del Algarrobico, de nuevo, al punto de partida

El Consistorio, cuyo alcalde, José Luis Amérigo, está apercibido de multa y que debe rendir cuentas al tribunal cada 15 días sobre las actuaciones que está llevando a cabo para ejecutar la sentencia firme de 2018 que le obliga a anular los sectores ST-1 'Algarrobico' y ST-2 o 'Canillar', alega que el documento técnico existente en el expediente, que también se publicó en Boletín Oficial de la Provincia hace más de un año, no sirve.

Indica, al hilo de esto, que se «debe proceder a su modificación técnica» de forma «previa» a su aprobación en el pleno de la corporación local carbonera de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se mantiene a día de hoy ambos parajes como suelo urbanizable.

Cabe recordar que el expediente que ahora va a rehacer se incluyó en una sesión extraordinaria en enero de 2021, pero solo como una dación de cuentas. En estos mismos términos se publicó en BOP en septiembre de 2021, lo que fue denunciado por Greenpeace al tribunal.

La decisión del consistorio carbonero llega tras una reunión técnica con la Junta de Andalucía convocada a instancia municipal para, según remarca, emprender «las actuaciones de coordinación con la administración autonómica para evacuar el informe técnico que habrá de determinar la propuesta de modificación puntual del PGOU que se someterá a aprobación por el pleno».

En el acta de la citada reunión que traslada al TSJA, se recoge que el «análisis» conjunto del «documento técnico existente en el expediente» revela que se debe proceder a «su modificación técnica por no cumplir plenamente» con el objetivo.

Apunta el acta, asimismo, que en la reunión, en presencia del nuevo técnico municipal, el alcalde y el concejal de Urbanismo, además de dos funcionarios de Urbanismo de la delegación territorial de Fomento, se expusieron «las directrices que afectan al documento técnico» para que este puede ser «inscrito» en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Junta andaluza.

En su escrito al TSJA, el ayuntamiento concluye subrayando que las actuaciones «preparatorias» para el pleno en que se debe desclasificar urbanísticamente El Algarrobico «comprenden inexcusablemente el referido informe técnico».

En el anterior informe quincenal, el consistorio trasladó a la sala que restaba únicamente un «preceptivo informe municipal» que, según decía, se había «retrasado a causa de no contar con técnico que pudiera elaborarlo».

Precisaba que se había suscrito convenio con el Ayuntamiento de Garrucha «a fin de contar con los necesarios informes relativos a la modificación de planeamiento necesaria para la ejecución de sentencia» y añadía que, una vez contase con el informe, procedería «de manera inmediata» a la convocatoria del pleno municipal.

Advertencia de Greenpeace

A lo largo de toda la ejecutoria, Greenpeace ha trasladado al TSJA de que el Ayuntamiento de Carboneras «lleva más de 15 años adoptando una actitud dilatante y obstruccionista» respecto al Algarrobico y solicitado que se le imponga al alcalde, José Luis Amérigo, las multas coercitivas semanales de 250 euros con las que fue advertido por la propia sala en julio, así como que se le aperciba «de un presunto delito de desobediencia».

El colectivo conservacionista también advirtió en septiembre de 2021 al alto tribunal andaluz de que la modificación del planeamiento urbanístico de Carboneras que aparecía publicada en el BOP no tenía «valor alguno», y subrayó que se trataba de una «maniobra municipal» para «eludir» la acción de la justicia.

Recordó que la sala requirió al ayuntamiento para que anulase los sectores urbanísticos ST-1, donde se asiente el hotel de Azata del Sol, y ST-2 o El Canillar, y que lo que se publicó en BOP fue una «dación de cuentas» de la citada modificación que, sin embargo, no había sido «aprobada provisionalmente por el pleno» de la corporación local, requisito para que pueda ser inscrita en el Registro General de Planeamiento de la Junta de Andalucía.

Greenpeace remarcó, asimismo, que el Ayuntamiento de Carboneras «no había cumplido hasta la fecha ni una sola de las numerosísimas resoluciones judiciales que se han producido en torno al hotel, postura que es inadmisible en un estado de derecho y merece ser reprochada penalmente».

En el edicto publicado en BOP el 16 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento refiere el pleno extraordinario que se celebró en enero en el que la corporación local «tomo conocimiento» de esta modificación de la normativa urbanística cuyo informe técnico sí dio entonces por válido.

También indica que se dio cuenta de que se había remitido el expediente completo a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería «por ser el órgano competente para su aprobación definitiva e inscripción en el Registro de Planeamiento».

En un comunicado, el alcalde de Carboneras consideró que la publicación en BOP mostraba «la total colaboración» del ayuntamiento «para cumplir lo dictado por la justicia» y trasladaba «la plena colaboración que mantiene y mantendrá el gobierno municipal en este asunto».