Carboneras anula el sector del Algarrobico y lo declara no urbanizable de especial protección

El acuerdo suscrito este miércoles por la Corporación local que preside el alcalde, José Luis Amérigo, apercibido judicialmente desde el pasado día 17 con multa de 700 euros cada 20 días, supone modificar el planeamiento urbanístico que da sustento legal a la licencia municipal de obras concedida en 2003 y daría respuesta a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar cumplimiento al fallo.

La sesión se ha desarrollado con reproches y críticas unánimes por parte de la oposición, que se ha abstenido, al trámite seguido por el equipo de gobierno, «saltándose todos los pasos previos» y con «prisas» tras la «amenaza» de multas al alcalde para aprobar este tipo de instrumento urbanístico. Los grupos han remarcado el «giro de 180º» dado en «apenas un mes» por los socialistas y ha rechazado que les hagan «copartícipes» de un «circo» en el que «ni pinchamos ni cortamos».

«Ustedes son los responsables de este embrollo y ustedes son los responsables de ejecutar la sentencia», han señalado los concejales de PP y Carboneras Avanza, Salvador Alarcón y Felipe Cayuela, quienes han pedido que se abra «una investigación» para depurar responsabilidades y «ante la verdadera batalla judicial» que, según han remarcado, «se abre ahora con la promotora del hotel» y su presunto derecho a ser indemnizada por «inseguridad jurídica».

El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Soto, ha asegurado que están «aquí para cumplir y acatar una sentencia» y ha afirmado que lo están haciendo «con todos los informes técnicos correspondientes», al tiempo que ha defendido que se ha hecho «lo que nos manda la justicia como siempre», y ha aludido a la dación de cuentas en los mismos términos que hizo al pleno en 2021 «impuesta por el equipo de gobierno» que les precedía y «que no fue suficiente».

El acuerdo que ha salido adelante con la abstención de los ediles en la oposición en un pleno, de carácter extraordinario y urgente, y convocado el pasado lunes para su remisión a la sala que vela por la ejecución de la sentencia firme de 2018, recoge textualmente la anulación y eliminación de la clasificación urbanística «vigente» en el sector ST-1 y en el adyacente de ST-2 o El Canillar, donde también había previsto desarrollo hotelero y residencial, por los «efectos sobrevenidos» al planeamiento vigente de directa aplicación por el PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Precisa que se procede, asimismo, por parte del ayuntamiento carbonero a la clasificación como «suelo no urbanizable de especial protección» con grado C1 y B1 y B2 o áreas naturales de interés general y áreas seminaturales con usos tradicionales.

Durante la sesión, en la que el alcalde ha intervenido únicamente para llamar al orden en las diferentes intervenciones, la oposición ha trasladado no «entender» la urgencia con la que se ha convocado el pleno «omitiendo la celebración de una comisión informativa» y ha afeado que, hace «menos de un mes», el equipo de gobierno optase por la redacción de un nuevo PGOU y, después del ultimátum del TSJA al alcalde, «de un giro de 180º con una modificación puntual, que era lo que nosotros proponíamos».

El portavoz del PP, Salvador Alarcón, ha criticado la convocatoria «deprisa y corriendo», y ha afirmado que demuestra que la moción aprobada para un nuevo PGOU «era una maniobra dilatoria» por los requerimientos del alto tribunal andaluz. «No se qué pensar de este galimatías en el que han convertido la ejecución de una sentencia firme e irrecurrible que han tenido tiempo de sobra para cumplir, les guste o no», ha indicado.

Ha criticado que adolece «de todos los pasos a cumplir para la aprobación de un instrumento de este tipo» y ha advertido de que el TSJA «no le dice que desclasifique el Algarrobico saltándose el procedimiento».

«Nosotros no vamos a entrar en el embrollo, en el circo; queremos que el asunto se resuelva y se ejecute la sentencia, pero así no toca, de cualquier manera», ha dicho Alarcón, quien ha advertido de que los «verdaderos problemas» del Ayuntamiento de Carboneras «empiezan ahora» y se «avecina una batalla judicial» por parte de la promotora del hotel «que supondrá la ruina del pueblo».

Ha reclamado, en la misma línea que el portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, que se hace «necesario» buscar responsables, «aunque suene a palabra hueca y lejana para el alcalde», según ha remachado, sobre los que recaiga «el haber propiciado el inicio de una obra que ha creado »indefensión« y el haber puesto el foco» de Azata «sobre el consistorio» y no sobre la Junta de Andalucía o el estado.

Igualmente, Cayuela ha acusado al equipo de gobierno de «tendencioso» al asegurar que la «abstención» supone que «no quieren acatar la sentencia» y ha pedido una «auditoria» sobre el procedimiento que se ha seguido para dar cumplimiento a la sentencia firme y «administrativamente, de cómo se concedió la licencia municipal de obras».

«Si ya se ha acatado la sentencia, ¿Qué pintamos en este pleno?», se ha preguntado Cayuela, quien ha calificado de «patada hacia adelante» el pleno urgente y extraordinario «solo para evitar la multa personal» al regidor.

Para Cayuela, Amérigo ha intentado «no cumplir la sentencia, o por lo menos, retrasar su ejecución» y ha atribuido su «cambio de criterio de 180 grados y, además, deprisa y corriendo» a «la amenaza» del tribunal con imponerle 700 euros de multa cada 20 días y a su deseo «de defenderse». «Ahora 'donde dije digo Diego', ya no hay nuevo PGOU, y convoco en menos de 24 horas un pleno para aprobar la modificación puntual», ha reprochado

Por su parte, el portavoz y concejal de Urbanismo, Ramón Soto, ha aludido al informe técnico incluido en el expediente que da dos alternativas para desclasificar el Algarrobico. «Hemos hecho las dos maneras que nos decía el informe técnico; un nuevo PGOU y una modificación puntual», ha defendido para concluir que la sentencia a ejecutar «nos la encontramos cuando llegamos al gobierno», por lo que «le hemos puesto solución».

Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) falló recientemente que la licencia municipal de obras concedida al hotel de Azata continuaba siendo «plenamente legal» 20 años después de su concesión ya que se ajustaba al planeamiento urbanístico vigente en Carboneras por no haberse modificado el PGOU en lo que respecta al Algarrobico.

El Supremo supeditó la demolición del inmueble a que se anulase mediante revisión de oficio por parte del Ayuntamiento carbonero, por lo que la declasificación del sector ST-1 y la calificación del suelo con no urbanizable allana que se invalide el permiso municipal de obras.