Carboneras culpa a la Diputación de negarle «asistencia técnica» para que el Algarrobico sea «no urbanizable»

Así lo ha trasladado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), en respuesta a los requerimientos hechos por la Sala de lo Contencioso-administrativo, que en febrero le solicitó información puntual «cada diez días» de los trámites seguidos para dar cumplimiento a la sentencia que le obliga a la reclasificación de los sectores ST-1 y ST-2, este último correspondiente con El Canillar, para garantizar la protección urbanística y medioambiental.

El primer edil carbonero, que alegó que el Ayuntamiento carecía de arquitecto municipal en este momento y por ello realizó varias peticiones de ayuda, ha dado cuenta en su escrito, consultado por Europa Press, de la denegación de la solicitud cursada a la Unidad de Asistencia a Municipios de la Diputación de Almería para que se redactara un documento técnico de planteamiento urbanístico conforme a los requerimientos del TSJA «a la mayor brevedad posible».

Cabe recordar que la Sala solicitó la corrección de varios aspectos que fueron advertidos tanto por las organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía para una plena modificación del plan general de Carboneras, entre ellos, la «publicación» de la normativa urbanística «corregida» en ejecución de sentencia en relación a los suelos que se incluyen en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En este caso, desde la Diputación se denegó la solicitud de auxilio realizada el 7 de febrero al tratarse de un informe destinado a un proceso jurisdiccional en el que la institución provincial no tiene encomendada ni la representación ni la defensa del Consistorio carbonero, lo que es «causa de excepción» a la prestación del servicio solicitado, según expone en un informe técnico del pasado 19 de febrero.

«Voluntad inequívoca» de actuar

Pese a ello, el alcalde de Carboneras ha expresado ante el tribunal su «voluntad inequívoca» para dar cumplimiento al mandamiento judicial, para lo que ha asegurado que «está pendiente de firma» un convenio con el Ayuntamiento de Garrucha, ya autorizado al menos por parte del gobierno local de Carboneras, para encomendar la gestión de funciones en materia urbanística al arquitecto municipal de este segundo ayuntamiento.

«Es intención de esta corporación local servir a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho, cumplir con las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales y por ello atender al requerimiento efectuado», ha expresado Hernández en su escrito ante una pieza de ejecución que acumula cerca de cuatro años de trámites sin que todavía se haya resuelto.

Las alegaciones formuladas por el representante del Ayuntamiento carbonero, junto con los documentos remitidos al respecto, han sido puestos a disposición de la magistrada-ponente María del Mar Jiménez Morera para que determine, en tal caso, las actuaciones que han de seguirse al respecto.

En su última providencia, la ponente también instó al primer edil a que comunicara la identidad de la autoridad o del funcionario de la unidad que asumirá la prestación con la que se pretende dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ya ha emitido varios requerimientos al Ayuntamiento para corregir las deficiencias detectadas en la adaptación de su planeamiento urbanístico que impiden declarar de forma efectiva como «no urbanizables» los terrenos de El Algarrobico, en los que se asienta el hotel de Azata, y El Canillar.

Los demandantes entendían que el Ayuntamiento se había limitado únicamente a llevar el contenido de la sentencia, que le obligaba a declarar no urbanizables los suelos, a los instrumentos técnicos del planeamiento sin de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.

Otro de los aspectos que solicitaba el TSJA era hacer desaparecer la inclusión de 'El Canaillar' como suelo urbanizable vigente, así como otras menciones ligadas a este aspecto.

«Cuatro años» de tramitación

Los colectivos ecologistas han recalcado que se cumplen ya «cuatro años» desde que se inició la tramitación de la pieza de ejecución destinada a modificar el PGOU «sin que el Ayuntamiento de Carboneras haya mostrado interés en cumplir la sentencia».

Así, desde Greenpeace se instó al tribunal a que fuera el propio TSJA el que ejecutara la sentencia «dado el tiempo transcurrido» así como «los subterfugios utilizados» por el Ayuntamiento, el cual «no ha cumplido absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el hotel».

Para la organización, la concatenación de hechos le lleva concluir que el Ayuntamiento de Carboneras «no va a cumplir la citada sentencia», por lo que cree preciso que sea la Sala la que la lleve a cabo, si bien desde la misma da por oída a la parte y se atiene a la providencia a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con los pasos requeridos.