Carboneras lleva este jueves a pleno la anulación de la licencia que permitió el hotel del Algarrobico

La propuesta del actual alcalde, Felipe Cayuela, llega al plenario tras dos empates consecutivos a favor y en contra en comisión informativa aunque, finalmente, fue informada favorablemente gracias al voto de calidad de regidor. Solo PP y el concejal no adscrito, ex del PSOE, votaron que sí, mientras que los socialistas y el concejal de Cs se opusieron a la enmienda.

Si el Ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de 411 habitaciones y una veintena de plantas. Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) sentenció en firme en enero de 2023 que, para que los terrenos del Algarrobico sean «devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable», era necesario antes revisar la licencia de obras para, así, «garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas».

Según el informe emitido por la Secretaría Municipal adjunto al dictamen, se requiere para que salga adelante la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, un total de 13, al tratarse de la corrección del acuerdo de aprobación definitiva del instrumento urbanístico de adaptación del PGOU a la LOUA, que se adoptó por ese mismo quorum.

«Se va a decidir todo en el último minuto, como si fuera un partido de baloncesto», ha asegurado en declaraciones a Europa Press Felipe Cayuela, quien ha anticipado que el edil no adscrito ya ha anunciado «su abstención» en pleno, lo que supondría el rechazo a la modificación, que es el «paso previo necesario a poder revisar de oficio la licencia» para declararla nula.

El alcalde ha señalado que la oposición del PSOE a rectificar su propio acuerdo se debe a «intereses personales» y ha remarcado que su propuesta «cumple con las sentencias firmes» que son «imperativas y obligadas» para la corporación local carbonera.

«Aprobar este texto podría derivar en una responsabilidad directa de quien concedió la licencia municipal de obras en 2003, el exalcalde Cristóbal Fernández, que es tío del actual portavoz, José Luis Amérigo», ha explicado.

La propuesta que se eleva este jueves a pleno atiende el requerimiento que la Junta de Andalucía le hizo al Ayuntamiento carbonero en mayo, tras recibir el acuerdo de pleno, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para su inclusión en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Autonómicos.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de la localidad, el Gobierno andaluz decidió en septiembre tomar la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La citada propuesta suprime del anterior texto por el que se anuló el sector urbanístico ST-1 o Algarrobico las alusiones relativas a «anular y eliminar la clasificación urbanística vigente» y la expresión «por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la legislación sectorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, por el que se precisan los límites del citado Parque Natural».

La nueva redacción que se someterá a la votación de la Corporación local se «limita» a recoger «formalmente» en el PGOU de Carboneras «la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección con grado C1 o Áreas naturales de interés general, ratificado por Sentencia del TSJA 2000/2016, confirmada por el Tribunal Supremo mediante sentencia 634/2018 de 19 de abril de 2018».

Sin embargo, no hay referencia explícita, como también pidió la Junta de Andalucía ante el TSJA, a que los terrenos gozan de protección medioambiental desde 1994, fecha en que entró en vigor la normativa ambiental que rige en la actualidad en el paraje del Algarrobico.

El alcalde anunció que iniciaría, tras la aprobación de esta rectificación, la revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel ordenada por el Tribunal Supremo (TS) ya que los terrenos son «protegidos» a estar «incluidos en el dominio público» marítimo-terrestre, y debido «a sus especiales valores medioambientales» como parte del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El anuncio de Cayuela, quien accedió a la Alcaldía tras las últimas elecciones locales, supuso giro de 180 grados en la línea procesal que mantenido hasta ahora el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El anterior acuerdo plenario

El Ayuntamiento coincide ahora en sus planteamientos con el Gobierno andaluz, que impugnó al TSJA este acuerdo de pleno al considerar que cumplía «defectuosamente» el tenor de la sentencia que dictaminó en firme en 2018 que El Algarrobico es «espacio protegido no urbanizable» y en la que se obligaba a anular el sector urbanístico ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata y por estimar que privaba de «efectos prácticos» a la citada resolución.

Al recurso contencioso-administrativo presentado en septiembre por la Junta se han sumado los colectivos conservacionistas personados en diferentes pleitos: Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar.

El Gobierno andaluz también interesó al Alto Tribunal andaluz que «ordenase» al Ayuntamiento «reflejar», tanto «en sus documentos» como «en sus decisiones», que El Algarrobico es «suelo no urbanizable de especial protección desde 1994», año en el que se publicó la normativa ambiental del Parque atural Cabo de Gata-Níjar.

Mantiene la Junta que el paraje tiene, 'de facto', la calificación de protegido donde no se puede edificar desde hace casi tres décadas e interpreta que esta condición «queda establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que, en 2009», según remarca, se aprobase por la corporación municipal la calificación como urbanizable «ahora anulada» por sentencia firme de 2018.

Cabe recordar que los tribunales han visto «indicios suficientes» de que la licencia municipal de obras del hotel supone una «infracción grave o muy grave» a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).