Carboneras lleva a pleno la enmienda sobre el Algarrobico, paso previo para anular la licencia

Asi lo indicó en declaraciones a Europa Press el alcalde, Felipe Cayuela (PP), quien afirmó que el cambio en el planeamiento urbanístico que, por orden judicial, ejecutó el anterior gobierno del PSOE «no es correcto» y «dificultaría» invalidar la licencia municipal de obras que se concedió en 2003, que es lo que se «persigue» con la revisión de oficio por «posible causa de nulidad».

Cabe recordar que la Junta ya lo impugnó ante el alto tribunal andaluz por considerar que daba un cumplimiento «defectuoso» a la sentencia firme desde 2018 que obliga a declarar el paraje como suelo no urbanizable de especial protección.

«Nuestros servicios jurídicos y los de la Junta nos aconsejan que, en primer lugar, modifiquemos cómo se anuló el sector urbanístico de El Algarrobico en el pleno de abril, y que, luego, revisemos la licencia», señaló Cayuela, quien precisó que la incoación de ese procedimiento podría adoptarse en el seno de una junta de gobierno.

El Ayuntamiento carbonero ha convocado la comisión informativa previa al pleno para el día 27 y, según se recoge en el orden del día, se va a abordar la «anulación» en el PGOU de los sectores ST-1 o Algarrobco y ST-2 o El Canillar.

El alcalde ya anunció que iniciaría la revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel ordenada por el Tribunal Supremo (TS) ya que los terrenos son «protegidos» a estar «incluidos en el dominio público» marítimo-terrestre, y debido «a sus especiales valores medioambientales» como parte del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Sentencia del Supremo

Si el ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de 411 habitaciones y una veintena de plantas. Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) sentenció en firme en enero de 2023 que, para que los terrenos del Algarrobico sean «devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable», era necesario antes revisar la licencia de obras para, así, «garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas».

El anuncio de Cayuela, quien accedió a la alcaldía tras las últimas elecciones locales, supuso un giro de 180 grados en la línea procesal que ha mantenido hasta ahora el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De hecho, en el pleno del día 30 se ha incluido la anulación parcial de la recalificación del suelo como «no urbanizable» que hizo el anterior equipo de gobierno socialista, tal y como han solicitado a la sala tanto la Junta de Andalucía como los colectivos ecologistas.

Espacio protegido

El ayuntamiento coincide ahora en sus planteamientos con el Gobierno andaluz, que impugnó al TSJA este acuerdo de pleno al considerar que cumplía «defectuosamente» el tenor de la sentencia que dictaminó en firme en 2018 que El Algarrobico es «espacio protegido no urbanizable» y en la que se obligaba a anular el sector urbanístico ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata.

El recurso contencioso-administrativo presentado en septiembre por la Junta pide anular parcialmente el citado acuerdo de pleno adoptado en abril y borrar expresiones como «que la ordenación vigente clasifica los terrenos como urbanizables», lo que «no se da en ningún caso» según subraya, o que el cambio de calificación a suelo «protegido» se hace por «efectos sobrevenidos al planeamiento vigente».

A la impugnación por parte del Gobierno andaluz se han sumado los colectivos conservacionistas personados en los pleitos; Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar. El Gobierno andaluz también interesa al alto tribunal andaluz que «ordene» al ayuntamiento «reflejar», tanto «en sus documentos» como «en sus decisiones», que El Algarrobico es «suelo no urbanizable de especial protección desde 1994», año en el que se publicó la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Mantiene la Junta que el citado acuerdo municipal no era «necesario» porque el paraje tiene, 'de facto', la calificación de protegido donde no se puede edificar desde hace casi tres décadas e interpreta que esta condición «queda establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que, en 2009», según remarca, se aprobase por la corporación municipal la calificación como urbanizable «ahora anulada» por sentencia firme de 2018.