Los ediles del PSOE acusan a su partido de «chantajes y amenazas» tras suspenderles de militancia por frenar el derribo del Algarrobico

Sin embargo, y lejos de acatar el dictamen federal del partido, que actuaba con la mayor celeridad estatutaria, el portavoz del grupo socialista en Carboneras, el exalcalde socialista José Luis Amérigo, denunciaba públicamente y de forma tajante que él y sus concejales no van a ceder ante lo que consideran como «chantajes y amenazas» por parte de los líderes de su propio partido.

Amérigo ofrecía explicaciones en un vídeo publicado esta mañana en las redes sociales del PSOE de Carboneras -pero grabado ayer, por las referencias temporales empleadas- en el que se abría por completo a la confrontación total con su partido en Almería, en Sevilla y en Madrid. Los ediles rebeldes insisten en anteponer «los intereses de los carboneros», dicen en el vídeo, a las urgencias de las siglas, abriendo un cisma de dimensiones imprevisibles dentro del PSOE en torno al eterno conflicto del hotel de El Algarrobico.

Esta acusación de coacciones internas es la respuesta a la fulminante apertura de expedientes sancionadores dictada por los órganos del partido y a la suspensión de militancia anunciada este mismo jueves. Amérigo, a través de la declaración pública difundida tras conocerse la represalia orgánica, defendió la actuación de sus concejales apelando a principios de estricta responsabilidad vecinal y coherencia política. Los representantes de Carboneras afirman que «no se puede votar» sin conocer las consecuencias que podría tener la anulación de la licencia obligada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde el año 2021.

El origen de este motín orgánico se remonta a la accidentada sesión plenaria extraordinaria de carácter monográfico celebrada en el Ayuntamiento de Carboneras este miércoles. Lo que la dirección provincial del PSOE había planificado como un trámite rápido para votar a favor de la revisión de oficio y la consecuente anulación de la licencia de obras del hotel —concedida originalmente en el año 2003 y aún vigente pese a su ilegalidad declarada judicialmente— terminó convirtiéndose en una encerrona política hacia el alcalde, Salvador Hernándhez, que se había fajado en dar vía libre a la sentencia firme y, con ella, al más que previsible derribo del hotel. La votación se bloqueó de manera imprevista debido a una alianza forjada entre los cinco ediles del PSOE, el concejal no adscrito y exalcalde del PP, Felipe Cayuela, y otra exedil de las filas populares también ahora en las filas de los no adscritos.

Esta sorpresiva confluencia de fuerzas municipales propició una mayoría de siete votos frente a los cinco recabados por el actual equipo de gobierno, permitiendo que saliera adelante la propuesta de Cayuela de dejar el asunto sobre la mesa para un pleno posterior.

Los concejales alineados en el bloqueo justificaron este retraso amparándose en la extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica del expediente actual. Los representantes de la oposición defienden que votar la nulidad sin contar con todos los datos sobre la mesa supondría una temeridad administrativa inaceptable para los gestores locales.

Documento incompleto

Especialmente beligerante se ha mostrado Amérigo al criticar que el documento elevado a la sesión plenaria se encontraba completamente incompleto por carecer de informes trascendentales emanados de la propia intervención municipal. El portavoz socialista reiteró la necesidad imperiosa de disponer de análisis pormenorizados en el ámbito económico y presupuestario que detallen cuáles serán las contingencias financieras exactas que deberá asumir el Consistorio una vez que se declare nulo el permiso de construcción a la empresa promotora, Azata del Sol. Desde el grupo local se exige luz y taquígrafos antes de estampar una firma que comprometa el patrimonio del pueblo, de 8.000 habitantes. Y todo esto pese a que, por sentencia judicial, el Consistorio está obligado a revisar la licencia.

En medio de esta tormenta política y orgánica se encuentra el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, de Ciudadanos, quien no ocultó su frustración al ver cómo la sesión plenaria naufragaba tras apenas dieciséis minutos de debate. El regidor carbonero explicó a los medios de comunicación que su única intención era acatar los requerimientos dictados por los tribunales para ejecutar una sentencia que lleva pendiente desde el año 2021. Hernández restó validez a los temores de los concejales rebeldes al matizar que el propio texto del acuerdo ya preveía abrir un procedimiento específico a posteriori para estudiar de manera pormenorizada las reclamaciones económicas de la constructora.

El primer edil defendió que el Ayuntamiento carece en estos momentos de las capacidades materiales y de personal necesarias para emitir un juicio definitivo sobre las indemnizaciones cuantitativas, por lo que el paso lógico era anular la licencia conforme al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y posponer el debate monetario. Ante la parálisis del pleno, Hernández admitió con evidente preocupación que el municipio entra ahora en un territorio de absoluta incertidumbre legal, quedando a expensas de las severas medidas punitivas que los magistrados andaluces decidan adoptar contra la corporación local por este nuevo escenario de rebeldía institucional.

La encrucijada del hotel de El Algarrobico suma de esta manera un nuevo episodio de alta tensión que transciende lo puramente urbanístico para convertirse en un drama político para el PSOE en un tema en el que la propia secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero, había querido marcar perfil diferencial frente a PP.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno central por avanzar en la expropiación forzosa del paraje a través del Ministerio para la Transición Ecológica, el entramado de intereses locales y el miedo al colapso financiero del consistorio continúan bloqueando su derribo. Con la agrupación local del PSOE rompiendo lazos con el resto del partido y el Ayuntamiento bloqueado para cumplir una sentencia judicial de hace cinco años, el esqueleto del hotel sigue presidiendo de forma impasible una de las playas más protegidas y polémicas de la geografía española.