El Consultivo avala la rescisión del contrato de obras del centro de salud de Albox por incumplir los plazos

Según recoge la resolución, consultada por Europa Press, el contrato en cuestión tenía previsto un plazo de 12 meses que, incluso, el contratista se había comprometido a reducir como mejora para su obtención. La obra fue adjudicada a Servimar 2008 por un importe de 2.177.731,21 euros.

No obstante, en febrero de 2024, cuando habían transcurrido cinco meses de obra tan solo se habían certificado trabajos por valor de 70.666,94 euros más IVA, lo que representaba «un 3,86% del total de las obras a ejecutar» cuando, para esas fechas, «el importe que se debería haber certificado sería de 877.373,33 euros más IVA», en base al informe emitido por la propia dirección facultativa.

El documento aludía a la existencia de «numerosos errores en el programa de trabajo» en relación con lo establecido en el proyecto de ejecución además del «grave retraso» en la ejecución de las obras, puesto que a la fecha de emisión del documento solo se había realizado «el 8,05% de la ejecución prevista, acumulando un retraso de más de cuatro meses en la ejecución de las obras».

Además, se puso de manifiesto que durante el mes de enero y la primera mitad del mes de febrero, aunque no se había dado orden de paralización alguna, «apenas existieron recursos suficientes adscritos a la ejecución para poder recuperar el retraso de la obra acumulada», por lo que la misma no podría estar acabada a 14 de agosto de este año «conforme la planificación expuesta por la constructora».

Precisamente durante la primera semana de febrero el sindicato de enfermería Satse convocó concentraciones semanales a las puertas del centro de salud en protesta por las «graves deficiencias» derivadas de las obras que, según ya advertían, estaban «paralizadas» desde hacía dos semanas, ante lo que la Junta aseguró que trataba de «minimizar» las «molestias» ante unos trabajos «complejos».

«La previsión de la imposibilidad de la conclusión de las obras en el plazo fijado es un dato que la propia contratista admite, es más, no está dispuesta a retomar la ejecución en los términos del proyecto inicialmente aprobado», recoge el Consultivo.

Si bien la contratista alegó una vez incoado el procedimiento de resolución contractual que existían «factores» que habían «alterado las condiciones de ejecución» así como «defectos e indeterminaciones en el proyecto original» que hacían «imprescindible una revisión total» del mismo, el órgano consultivo cree que dichos argumentos carecían de fundamentación.

«Desde el inicio el contratista ha evidenciado una conducta contraria a las obligaciones contraídas, como es la presentación de un programa de trabajo en plazo y que se ajuste al proyecto», apunta el consejo, que detalla que el contratista no puede «unilateralmente» acordar la suspensión de las obras ni introducir durante la ejecución «alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación».

Con ello, concluye al aseverar que el fin de interés público, al que responde la contratación, es el que modula los derechos y deberes que integran la posición del contratista, «convirtiendo a éste en un colaborador de la Administración para la consecución de aquella finalidad, lo que conlleva una mayor carga de responsabilidad en cuanto al buen fin del negocio».

La Junta de Andalucía ya avanzó el pasado mes de mayo su decisión de rescindir el contrato para posteriormente adoptar una nueva decisión de la mano del Ayuntamiento albojense: volver a licitar la obra de ampliación o apostar por la construcción de un nuevo centro de salud en otro emplazamiento.