Declaran un centenar de vecinos de Mojácar por la presunta compra de votos del PP

Así lo han confirmado a IDEAL fuentes cercanas al caso, quienes han indicado que la investigación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, que tras poner en libertad a las siete personas vinculadas al PSOE por los mismos motivos, abrió una pieza separada para tratar de esclarecer si los populares habrían cometido algún delito electoral.

Ha sido a lo largo de los últimos días cuando más de un centenar de vecinos de la localidad han tenido que prestar declaración ante la unidad de elite de la Policía Judicial en España. El objetivo, según apuntan las fuentes consultadas por este diario, no es otro que el de poder depurar las presuntas responsabilidades en caso de que los agentes y el juez Víctor Valdiva, titular del Juzgado número 4 de Vera, consideren que se ha cometido un delito electoral, penado con hasta tres años de prisión.

Por el momento, los agentes de la UCO no han llevado a cabo nuevas detenciones ni, al parecer, están previstas. Fuentes conocedoras del caso apuntan a que el proceso, que se encuentra bajo secreto sumarial, «no se alargará mucho más», por lo que cuando se cierren todas las diligencias se pondrán a disposición del juez que investiga la causa y él será el encargado de determinar los pasos a seguir.

Fuentes populares han asegurado a IDEAL que ni Francisco García, nuevo alcalde de la localidad que está a la espera de tomar posesión (previsiblemente lo hará el viernes 7 de julio, ya que se retrasó la constitución de la Corporación municipal por un recurso contencioso-electoral presentado por el PSOE ante la junta electoral) ni ningún miembro de su equipo de gobierno han sido citados por los investigadores.

Como recordarán, tras explotar el 'Caso Mojácar' por el que resultaron detenidos, entre otros, los número 2 y 5 de la lista del Partido Socialista Obrero Español en la localidad, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno, posteriormente se detuvo a una octava persona vinculada a los populares.

Se trataba de un funcionario municipal que trabajaba como sepulturero y que era buscado por receptación, lo que le llevó a ingresar en prisión.

Su arresto se produjo en plena jornada electoral del 28-M y se debió a la requisitoria que pesaba sobre él, que se activó al ser «identificado» cuando acudió, previa citación, a declarar ante los agentes de la Guardia Civil.

Esta persona había quedado «fuera del radar» de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas contra personas relacionadas con el Partido Socialista de la localidad del Levante almeriense por orden del juez, que explotaron el día 25 mayo, tres días antes de las elecciones municipales.

Fue uno de los arrestados el que lo señaló como «implicado» en la supuesta compra de votos, pero a «beneficio del PP».

La operación policial de la UCO a tres días de las elecciones municipales generó un gran revuelo en toda la localidad, donde prácticamente todos los vecinos se conocen y conviven con normalidad a pesar de las posibles desavenencias políticas.