Denuncian el trato «vejatorio y humillante» de un agente en los Juzgados de Vera

Lo que parecía ser un mero trámite se ha tornado en una auténtica experiencia de suplicio para dos ciudadanos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 6 de febrero frente a los Juzgados de Vera. Juan Perán Ortega, abogado afincado en Almería, y su esposa, Gema Párraga Alférez, han interpuesto una denuncia por el trato recibido por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad en el edificio judicial.

Según el testimonio de Gema Párraga, acudieron al Registro Civil por indicación telefónica de la encargada de la oficina, quien les aseguró que podrían obtener la fe de vida sin cita previa a las 9:00 horas. Sin embargo, al llegar a la puerta a las 8:30, ya encontraron a más de diez personas esperando a la intemperie en condiciones precarias. A las 9:30, un funcionario les indicó que serían atendidos en la medida de lo posible, pero la Guardia Civil no permitió la entrada de nadie sin número de turno, dejándolos en la puerta expuestos al frío.

Párraga relata que dos horas después, con síntomas de lipotimia por la baja temperatura, solicitó ingresar al edificio para resguardarse, ya que había espacio suficiente dentro y era la única persona aún fuera. Ante la negativa inicial de los agentes, fueron los propios ciudadanos dentro del recinto quienes intercedieron por ella, permitiéndole entrar a las 10:30. La mujer asegura que su estado físico era de alteración, temblando y llorando de impotencia. En ese momento, los agentes se mostraron inflexibles y, según su relato, uno de ellos mantuvo una actitud amenazante y despectiva, llegando a advertirle que debía tratarlo con respeto cuando ella apeló a su comprensión.

Cuando finalmente lograron entrar, los agentes llamaron a su marido y lo acusaron de alteración del orden público. Pese a que testigos afirmaron que la situación no justificaba tal acusación, la Guardia Civil llamó a otra patrulla para proceder a su expulsión del recinto. Perán Ortega sostiene que los agentes actuaron de manera arbitraria y abusiva, sin atender los testimonios de los presentes.

El abogado denuncia que la Guardia Civil mostró una actitud humillante y vejatoria, ignorando cualquier intento de diálogo. «Los agentes se negaron a escuchar a los testigos. Solo les interesaba la versión de sus compañeros de la puerta», afirmó. Además, uno de los agentes habría intentado influenciar a los presentes al gritar que todos serían citados para declarar en contra del abogado, con el fin de reforzar la acusación de alteración del orden público. Sin embargo, varias personas allí presentes aseguraron que no estaban de acuerdo con esa versión de los hechos.

El abogado denuncia que este tipo de situaciones no son aisladas y que en otras ocasiones ha visto a ciudadanos enfrentarse a problemas similares en los accesos al edificio judicial. «La gente tiene que esperar durante horas en la calle, con frío y sin garantías de un trato digno. Si esto nos pasa a nosotros, que conocemos nuestros derechos, imagínense cómo tratan a personas más vulnerables, como inmigrantes que tienen miedo y solo quieren hacer sus trámites», denunció.

Otro punto que el letrado destacó es que la exigencia de cita previa para trámites administrativos ya ha sido declarada ilegal por varias sentencias judiciales, lo que hace que la negativa inicial a permitir su acceso carezca de justificación. «Más allá del tecnicismo legal, se trata de prestar un servicio público con eficacia y respeto», afirmó.

Después de varias horas de conflicto, el Registro Civil finalmente emitió los certificados sin ningún inconveniente. Los funcionarios confirmaron que la pareja podía acudir sin cita previa y que el trámite no requería mayor demora. De hecho, el procedimiento solo tomó entre diez y doce minutos. Sin embargo, para entonces, el abogado y su esposa ya habían pasado más de cuatro horas enfrentando lo que consideran un trato denigrante e injustificado por parte de los agentes de seguridad.

Perán Ortega ahora enfrenta una sanción administrativa que podría ascender a 30.000 euros por supuestos desórdenes públicos. «Nos hicieron pagar caro el hecho de ejercer nuestros derechos y exigir un trato digno», lamentó.

La pareja considera que fueron víctimas de un delito de atentado contra la integridad moral, además de haber sufrido amenazas y coacciones. En su denuncia particular, el abogado ha insistido en que se investigue la actuación de los agentes y que se tomen medidas para evitar que otras personas sufran situaciones similares. Según su testimonio, la forma en que la Guardia Civil gestiona el acceso al edificio de los Juzgados de Vera es un problema estructural que debe ser corregido para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. «Todo un abuso en un país europeo y democrático que dicen que somos», finalizó.

La Guardia Civil, preguntada al respecto, refirió al diario que su postura es la de no hacer comentarios sobre investigaciones abiertas.