Ecologistas pide a la Audiencia Nacional ordenar al Gobierno la limpieza de Palomares y fijar plazo

La entidad conservacionista indica en su demanda, consultada por Europa Press y que la Audiencia Nacional acordó tramitar mediante procedimiento ordinario, que a la espera de encontrar un almacenamiento «definitivo» del material radiactivo, se orden también el almacenamiento «temporal» de los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 previstos por el Ciemat y el CSN.

Para ello, la asociación aporta una treintena de documentos a su demanda «con fuerza probatoria» para que se unan a los que obran en el expediente administrativo a fin de que se tenga en cuenta su petición, si bien señalan como fundamental la aplicación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el pleno del CSN en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2010 y completado en años posteriores.

En este sentido, dado que se trata de una documentación que está clasificada, desde Ecologistas han pedido que se solicite al Consejo de Ministros su «desclasificación a los solos efectos del procedimiento».

De este modo, entienden que se podrá dirigir un oficio a Ciemat para que aporte copia completa del plan de rehabilitación y de su desarrollo posterior a fin de acreditar que el documento «está totalmente desarrollado y cumple con los criterios radiológicos» sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y demás normativa.

A mayor abundamiento, desde la asociación ecologista también han solicitado que se practique una prueba pericial con las aportaciones del ex jefe del Programa de Recuperación Radiológica y Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat, quien es además el autor del Plan de Rehabilitación de Palomares, para que pueda responder a varias preguntas sobre uno de los informes del documento.

También se ha solicitado que se requiera a la presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección del CSN (Astecsn) y presidenta del Colegio Oficial de Geólogos para que pueda dar cuenta del documento emitido como respuesta parlamentaria en diciembre de 2018 en el que se defiende que «es urgente embidonar los residuos radiactivos y almacenarlos en un almacén temporal».

Como testigos para apuntalar su demanda, Ecologistas ha reclamado a la AN que se cite al científico del Ciemat y consejero del CSN Francisco Castejón, quien «es testigo de todo lo ocurrido en Palomares» y «de las consecuencias que va a tener la transformación del plutonio en americio y del motivo por el que no se da la orden de limpiar Palomares».

De igual forma, han solicitado la presencia del exalcalde de Cuevas del Almanzora y actual senador Jesús Caicedo, como «testigo del daño que se está causando a la población y al desarrollo agrícola y turístico de la zona» así como de «la necesidad de limpiar la radiactividad».

La decisión de elevar a los tribunales la situación de «inacción» que se prolonga en el tiempo está motivada por el «silencio» por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que «fije plazo» para «llevar a efecto» el Plan de Rehabilitación.

El colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia «de que todo sigue igual»-

Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional (AN) para que obligue a fijar plazo para ejecutar la limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo. La primera vez, la justicia sentenció en 2019 que el CSN «no tenía competencias» para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no señaló qué órgano debía hacerlo.

Competencia de Transición Ecológica

En su escrito de casi 60 páginas, Ecologistas en Acción defiende que la competencia para ordenar la limpieza de Palomares es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin que haya intervenido hasta ahora «debido a una injerencia del poder legislativo en el poder judicial».

Según han detallado, la tramitación del Real Decreto-Ley sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania, era un asunto urgente que no tenía relación con la limpieza de Palomares, si bien en el mismo se «atribuye por primera vez» la competencia al Miteco para que determinar un plazo en el que efectuar la limpieza de Palomares.

«La fijación de plazos para restaurar Palomares fue una iniciativa de esta parte para resaltar que el problema se viene produciendo desde hace 58 años y es necesario señalar un plazo para terminar con una situación tan prolongada, sin esperar a un acuerdo con los EEUU que puede tardar muchos años en alcanzarse», han apreciado.

Asimismo, consideran que el material radiactivo depositado en Palomares tiene la categoría legal de «residuo radiactivo» pese a que «no se le está dando ese tratamiento». «La limpieza la puede realizar indistintamente el Ciemat o Enresa», han añadido a la hora de aclarar que les es «indiferente» cuál sea la entidad que realice las labores puesto que lo más importante es fijar un plazo para ello.

Además, han advertido de que el vallado que limita la zona afectada «es insuficiente para mantener la dosis de radiación dentro de los límites legales» y, según ven, no permite complir con el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

La asociación apunta que «el propio Ciemat reconoce que los residuos radiactivos se pueden almacenar en El Cabril con un simple cambio de autorización» así como que el centro de investigaciones «ya ha depositado residuos radiactivos de Palomares en El Cabril en aplicación del Pimic».

«También se pueden almacenar en un almacén temporal construido en Palomares, en cualquier otro almacén o depositarlos en otro país, lo que no es legalmente admisible es mantener la situación actual a la espera de que algún gobierno de los Estados Unidos decida llevárselos, si es que lo decide alguna vez», han considerado.

Destacan además que el almacenamiento de material radiactivo realizado por los norteamericanos en Palomares en 1966 constituye una instalación nuclear «clandestina» con lo que le es de aplicación el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y, por tanto, estiman que procede su «clausura» con establecimiento de plazo para su desmantelamiento. «Legalmente Palomares no es una instalación nuclear puesto que carece de cualquier autorización pero, de hecho, lo es», han apreciado.

Entre otros aspectos, defienden que Palomares es un caso de accidente nuclear contemplado en la Ley 17/2015 pendiente de concluir su última fase prevista en el artículo 20 relativa a la recuperación. «fue mal gestionado desde un principio, ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica y al medio ambiente en general de laboratorio para experimentar los efectos de la radiactividad», han señalado en cuanto a la gestión de este suceso.

Para Ecologistas, es urgente acordar «ya» la limpieza pues como «ya se ha manifestado el plutonio se está trasformando en americio que es mucho más peligroso por emitir radiaciones gamma de mayor penetrabilidad que las alfa del plutonio».