Ecologistas pide a Carboneras que ejecute la sentencia del Supremo y revise la licencia del Algarrobico

El colectivo advierte de que el «incumplimiento» del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «puede suponer un presunto delito de desobediencia», y de que presentara denuncia contra el alcalde, Jose Luis Amérigo«, si no inicia el expediente para la revisión de oficio de la licencia municipal concedida en 2003 y que tiene »caducidad de tres meses«.

En el escrito, consultado por Europa Press, Ecologistas en Acción indica que, desde que en junio de 2022 devino firme parcialmente la sentencia del alto tribunal andaluz, el consistorio carbonero no ha actuado y remarca que «no han tenido efecto alguno» hasta ahora las «numerosas» resoluciones judiciales respecto al hotel «fundamentalmente por la negativa municipal a cumplirlas».

«La única resolución judicial que ha tenido efectos prácticos ha sido el auto de fecha 21 de febrero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almeria ordenando la suspensión cautelar de las obras», lamenta la organización, para urgir el inicio «inmediato» del expediente de revisión de oficio «a fin de evitar» la presentación de denuncia penal.

La vía escogida por Ecologistas en Acción se suma a la adoptada en vía judicial por Greenpeace, que el pasado mes de diciembre registro un escrito ante el TSJA en el que instaba a la sala a la la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a reexaminar el permiso municipal de oficio y a dejarlo sin efecto y ordenar la demolición.

Greenpeace ha solicitado también al Tribunal Supremo que anule la sentencia que declara «plenamente legal» la licencia ya que considera que «supeditar» su demolición «a que el ayuntamiento revise de oficio la licencia» supone «impedirlo» al dejarlo «al arbitrio» del consistorio, que se «niega a ejecutar todas» las resoluciones judiciales sobre la edificación.

Considera que «da validez» a «la negativa» del ayuntamiento a «cumplir» el fallo firme que anula el planeamiento urbanístico en el sector ST-1 y también a los acuerdos municipales «contrarios» al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar donde el paraje goza de protección.

Greenpeace reprocha al Supremo que, en su sentencia, «condicione la eficacia» de la resolución judicial por la que desclasifica como urbanizable el paraje del Algarrobico a que así lo acuerde «formalmente» el ayuntamiento, «que no ha cumplido ni una sola de las numerosas sentencias relacionadas con el hotel».

Añade que el fallo también exige que para restablecer la legalidad urbanística «claramente vulnerada», el Ayuntamiento de Carboneras debe anular «formalmente» una licencia que «ya es nula de pleno derecho» y estima que «este cambio doctrinal» del Supremo «supone depositar en el consistorio unas competencias que no le corresponden, lo que produce indefensión».

El TSJA acordó el pasado mes de noviembre requerir al Ayuntamiento de Carboneras informes quincenales sobre los pasos que se estaban dando para modificar, como debe por imperativo legal, la calificación del Algarrobico «a suelo no urbanizable de especial protección» en su planeamiento urbanístico.

Meses antes apercibió al alcalde, José Luis Amérigo, con multas de hasta 250 euros semanales si no se producía un cambio de calificación en esta zona y en El Canillar dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).