Ecologistas piden al Constitucional una solución a la radiactividad de Palomares

En su recurso, solicita que reconozca vulnerado tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, como el derecho a la salud, a un trato no degradante y al medio ambiente, y anule la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declaró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero sin especificar a qué organismo le corresponde.

Ecologistas en Acción traslada la «especial trascendencia social» del asunto que plantea, «un caso único en la historia de España, del que afortunadamente no existe precedente y que aún está pendiente de solución» según remarca. Apunta que es «preciso sentar jurisprudencia» sobre «la legalidad o no» de la «investigación» sobre las «consecuencias de la radiactividad en la salud, sin contar con el consentimiento de las personas sometidas a experimentación que se llevó a cabo con el Proyecto Indalo, vigente hasta el año 2009».

En su escrito elevado al Constitucional, el colectivo recoge que el voto particular del fallo de la Audiencia Nacional, confirmado en casación por el Supremo, calificó estas «prácticas» como «laboratorio a cielo abierto» y afirma que las autoridades españolas y norteamericanas se habrían dedicado a «investigar las consecuencias de la radioactividad en la salud y en el medio ambiente en general sin adoptar ninguna medida paliativa». «La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada que culminó en 2011, pero a fecha de hoy siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear haya adoptado medida alguna», asegura.

Cita en este punto Ecologistas en Acción una alegación realizada por el Ciemat a la tramitación de un Plan Parcial en el municipio de Vera y publicada en BOJA en abril de 2022 «donde reconoce la existencia de suelo afectado fuera del vallado» y un artículo publicado en el último número de la revista científica internacional Dynamis, que editan la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma de Barcelona.

En su recurso, expone que los «sucesivos gobiernos» han utilizado como «disculpa» para no limpiar la radiactividad en Palomares la necesidad de disponer de un «almacén nuclear definitivo apto para guardar este material radiactivo de larga duración» pese a que «todos los cementerios radiactivos que hay en España son temporales».

«Todas las centrales nucleares tienen en sus proximidades un ATI, pero ningún gobierno ha considerado necesario construir uno Palomares, prefiriendo utilizar como excusa el desinterés de los EEUU por llevarse el plutonio», argumenta al tiempo que reprocha que el Tribunal Supremo «omitiese» en su sentencia pronunciarse «sobre lo que era un pedimento fundamental» del pleito.

Por último, señala que el accidente de Palomares, ocurrido en 1968, «fue mal gestionado» desde un principio, «ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica, y al medio ambiente en general para experimentar los efectos de la radiactividad».

«El Tribunal Supremo no ha valorado ni interpretado en la sentencia las normas alegadas y los pedimentos fundamentales, lo que nos causa indefensión», concluye para interesar que ordene retrotraer este procedimiento para dictar una nueva sentencia.

El último muestreo en Palomares indica que, de los casi 400 análisis realizados por el Ciemat a las muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, de flora y fauna, así como de sedimentos y de agua recogidas en 2021, revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112, si bien, en todos estos casos, los valores detectados «son inferiores a los niveles de referencia» que están fijados en el Plan de Vigilancia Radiológica de la zona.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados son «similares» a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que «la evolución temporal del nivel de contaminación» en la última década, durante el periodo 2010-2021, «se ha mantenido estable».

La cuantificación de plutonio fue posible en 95 de los 141 análisis realizados, la mayor parte en las muestras recolectadas mediante el cambio semanal de los filtros de aire de tres estaciones medidoras, ubicadas dos de ellas en zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y la otra en zona urbana. En este caso, todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.

Estas mediciones permiten estimar la dosis potencial que recibiría la población por inhalación de partículas contaminadas con plutonio y americio en el aire.

Por otra parte, el americio se pudo detectar en 17 del total 251 muestras analizadas, sobre todo en las tomadas de suelos y extraídas en cuatro estaciones medidoras de la zona 2, de la zona 6 o Sierra Almagrera, y de zona urbana, según los datos recopilados por el Ciemat en el informe anual para su remisión CSN y consultados por Europa Press.