Maui protesta contra el cierre frente al Ayuntamiento de Mojácar

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, tres días antes del puente de Andalucía, la Policía Local de Mojácar precintó el chiringuito Maui Beach, después de que la alcaldesa de la localidad diese la orden de precintar el local. Esta medida se tomó en virtud de la resolución de alcaldía emitida por el Consistorio en noviembre de 2019 alegando que el establecimiento carece de licencia de bar con música.

Semanas antes el Consistorio informó mediante un comunicado que se había impuesto una sanción económica de 20.000 euros y la clausura del chiringuito por un periodo de dos años por carecer de la licencia. Contra todo pronóstico, el local abrió sus puertas como tenía previsto el pasado 1 de febrero. Los representantes jurídicos de Maui alegaron de que dicha sanción no era firme, pues presentaron recurso de reposición que fue desestimado por el Ayuntamiento.

Según los propios abogados de la empresa «a lo largo de la vida mercantil de dicho establecimiento, se han obtenido -por dicha sociedad o por anteriores propietarios- las autorizaciones y licencias pertinentes para la correcta actividad del local». Con fecha de 28 de abril de 2011 obtienen la «autorización de calificación ambiental, para bar con música, concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar».

Así mismo, el establecimiento defiende que «en Maui no se está desarrollando ninguna actividad que el Ayuntamiento no sepa, ni ninguna actividad que se ejerza de forma oculta o clandestina a despecho de la normativa medioambiental andaluza».

Los trabajadores afirman que todo deriva de «el proyecto de la alcaldesa para la prolongación del paseo marítimo», una de las promesas electorales del partido popular que suponía eliminar buena parte del chiringuito, y que «como los tribunales le dieron la razón a Maui lo está intentando por otras vías». Los empleados de Maui afirman que no van a rendirse, y que se reunirán en la plaza hasta que la alcaldesa los atienda.

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado en declaraciones a IDEAL que en ningún momento se ha negado a recibirlos,, «pero no entienden que tengo una agenda y que no puedo atenderlos si tengo otros asuntos». Además la alcaldesa ha asegurado que «una vez más se saltan la ley y hacen una manifestación no autorizada».

La realidad de la batalla entre Ayuntamiento y la empresa Rubia Ascasibar S.L. es que actualmente más de 60 personas no pueden ir a trabajar. «Los trabajadores de Maui nos encontramos sin poder trabajar por la persecución que ha hecho la alcaldesa al establecimiento. Se olvida de que tenemos que pagar facturas, que muchos somos padres y madres y tenemos que llevar un sueldo a casa». «Es una situación que afecta a más personas de las que se piensa. Aparte de los empleados, están los proveedores que también están perdiendo dinero, y por supuesto nuestros clientes que han tenido que cancelar sus planes».