El exalcalde 'popular' de Carboneras Felipe Cayuela se pasa a no adscritos y denuncia «irregularidades»

Así lo ha trasladado en un escrito tras formalizar ante el Consistorio carbonero su petición que se hará efectiva en el pleno ordinario de finales del mes de julio, de modo que aún formará parte de las filas del PP en la sesión extraordinaria de este viernes que prevé, entre otros asuntos, someter a votación la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en base a la resolución judicial que ve «vicios de nulidad» en la misma.

Si bien el PP presentó una instancia para la expulsión de Cayuela en octubre del pasado año, la misma no llegó a tramitarse hasta el final, por lo que el exprimer edil formaba parte del grupo municipal del PP. No obstante, no fue designado para ser dotado de competencias en el gobierno local, del que quedó apartado.

Es ahora cuando el concejal ha decidido abandonar las filas del PP «por coherencia y por convicción» en «los acontecimientos que han tenido lugar en el Ayuntamiento». «Lo que inicialmente fueron discrepancias políticas o administrativas, se han transformado en graves irregularidades que he tenido la obligación de denunciar», ha aseverado.

En este sentido, ha dado cuenta de los «numerosos recursos administrativos y contencioso-administrativos» que ha presentado ante la composición del gobierno local, lo que se suman a una denuncia ante la Fiscalía «al apreciar indicios de delitos como la prevaricación o la malversación de caudales públicos».

«Entre los hechos más graves se encuentra la utilización de un concejal 'tránsfuga' para acceder a la Alcaldía, su nombramiento como concejal delegado con sueldo y dedicación exclusiva, y la emisión de informes jurídicos por parte de un abogado externo, con el aval de un funcionario que no tenía competencia legal para ello, e incluso que se encontraba jubilado desde hacía meses», ha enumerado.

Estas acusaciones, según Cayuela, se han desarrollado «en un clima cada vez más irrespirable, marcado por la opacidad en la gestión, la aprobación de presupuestos con deficiencias legales y contrataciones irregulares».

Según considera, sus cinco excompañeros de partido «han aceptado sin reparos estas prácticas, integrándose plenamente en un gobierno que ha renunciado al respeto por la legalidad», sentido en el que se ha visto en la «obligación ética y jurídica» de «denunciar las irregularidades que observo y de actuar con responsabilidad, sin dejarme condicionar por lealtades partidistas».

Con ello, ha anunciado que continuará con su labor fiscalizadora como concejal no adscrito «con la misma firmeza, independencia y coherencia que me han guiado siempre».