La exconcejal de los Goya sostiene que los guardó en el archivo antes de dejar el cargo

Cruz Orta, quien abandonó la política de forma activa en 2019 al no concurrir en la lista del PSOE, se enfrenta a penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público acusada de la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la compra de estas láminas perdidas. El fiscal mantuvo los cargos en su contra mientras que la acusación particular y principal perjudicado de la causa, el Ayuntamiento de Carboneras que ahora está nuevamente gobernado por el PSOE –en el momento de la denuncia estaban Gicar y PP–, ni si quiera presentó abogado.

La exconcejala socialista de Cultura, defendida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez –expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– reconoció ante la jueza la compra de las obras de arte y sostuvo que se quedaron en el archivo municipal del Ayuntamiento carbonero una vez que abandonó el cargo tras las elecciones municipales de 2011, cuando el pacto entre Gicar y PP quitó la Alcaldía al PSOE. No obstante, Josefa Cruz se mantuvo como edil en la oposición hasta los comicios de 2019, cuando no concurrió en las listas una vez que el juzgado instructor de Vera ordenó abrir juicio oral por dicha causa.

«Éramos clientes de la Editorial Planeta y nos ofrecieron comprar esos facsímiles porque me dijeron que también los habían adquirido otros pueblos de la comarca. Los compramos como patrimonio cultural del Ayuntamiento», dijo ostentiblemente nerviosa Cruz Orta, quien hizo hincapié en que «las láminas no eran para la biblioteca, sino que se adquirieron como patrimonio cultural del Ayuntamiento, como tenemos un busto del rey, unas monedas o unos cuadros».

A preguntas del fiscal, la exconcejala reconoció que «en su momento» se lo dijo al alcalde, que por aquel entonces era Cristóbal Fernández. «Él me dijo que sí», añadió la acusada, quien apuntó que los adquirió a través de un contrato menor «ya que podía gastar hasta 18.000 euros» mediante una resolución de su área y que así queda reflejado en la junta de gobierno.

En relación al paradero, dijo que cuando dejó el cargo «estaban ahí», en referencia al archivo municipal, toda vez que apuntilló que las láminas «constaban en el inventario, que se le dio al secretario-interventor». «Lo que después pasara eso ya no lo sé», apuntó.

Para concluir, y a preguntas de su afamado abogado, la acusada puso el foco en que el secretario era «el responsable» de las llaves del archivo municipal y aseguró que «se dio cuenta al pleno de la adquisición de las láminas».

Durante la sesión también declararon seis testigos: Salvador Hernández, exalcalde por Gicar y denunciante –a quien la jueza amenazó con echar de la sala por grabar unas imágenes–, tres funcionarios municipales (una de ellas a petición de la defensa), un guardia civil a través de videoconferencia y Cristóbal Fernández, también por solicitud de Gómez Bermúdez. Lo curioso es que solo uno de ellos, el exalcalde socialista, afirmó que él vio las láminas «en el archivo municipal junto con otros bienes más» y pidió al secretario que lo certificara.

«Hice una resolución de Alcaldía, se llevó a junta de gobierno local, que era donde se aprobaban los pagos, y luego se llevó a pleno», explicó Fernández. Este, de hecho, fue uno de los documentos presentados por la defensa y admitido a trámite en las cuestiones previas que, según Gómez Bermúdez, «demuestra» que hay un expediente de contratación.

«Yo vi las láminas cuando se adquirieron, las vi en el archivo alguna vez más y unos días antes de irnos volví a verlas junto con otros bienes más», concluyó el exalcalde socialista, muy firme en su declaración.

En contra de esta versión, tanto Hernández como los otros dos funcionarios municipales citados como testigos por la Fiscalía –uno era el secretario-interventor del Consistorio y otro el coordinador general– negaron haber visto «nunca» dichas láminas.

Durante su declaración, y con la naturalidad que le caracteriza, Hernández dio cuenta a la jueza de cómo se dieron cuenta de la adquisición. «Al entrar al Gobierno municipal vimos que el Ayuntamiento tenía una deuda de 15 millones de euros y nos centramos en los gastos municipales. Vimos que había un pago a la Editorial Planeta todos los meses y nos pusimos en contacto para saber de qué se trataba», argumentó. «La empresa dice que lo recepcionó la acusada pero allí no estaban y tampoco existía documentación física del encargo», aseguró.

Por su parte, el secretario aseguró que en los 12 años que él estuvo en el Ayuntamiento de Carboneras «nunca pasó por pleno el inventario». «Al nuevo Gobierno se le dejó una relación de bienes encima de la mesa. Era un tocho, le eché un vistazo y poco más. No recuerdo si las láminas estaban en el listado o no, pero nunca las vi», sentenció.

Tanto Hernández como el secretario coincidieron en que el archivo municipal estaba bastante desordenado. «Había un trastero porque a eso no se le podía llamar de otra manera», dijo el funcionario, quien apuntó que pese a que estaba cerrado con llaves «normalmente» podía entrar cualquiera.

El juicio ha quedado visto para sentencia y todo sigue igual en Carboneras, donde las láminas de Goya que nunca llegaron a exponerse al público siguen en paradero desconocido.

Han pasado más de 2.770 días desde que IDEAL hiciera público que habían desaparecido en Carboneras «80 láminas de Goya que costaron más de 3.000 euros». Fue el 12 de febrero de 2015, hace exactamente siete años, siete meses y nueve días, cuando este medio contó que las láminas de la colección 'Desastres de la Guerra' adquiridas por el Consistorio carbonero en 2009 no se encontraban por ningún rincón de las dependencias municipales. Este martes el juicio contra la edil que adquirió estas obras quedó visto para sentencia.

Un día después de que IDEAL destapase el caso, desde el PSOE carbonero se mostraron «escandalizados» por «la desaparición de patrimonio municipal». Como ayer en el juicio, los socialistas argumentaron en su momento que «todos los bienes quedaron reflejados en los inventarios y en poder de los respectivos funcionarios para su custodia».

Unos días más tarde el equipo de gobierno de Gicar y PP trasladó el caso a sus servicios jurídicos para que estudiara las medidas legales a tomar con el fin de dar con su paradero y señalar a los responsables.

No fue hasta febrero de 2017 cuando trascendió a la opinión pública que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Carboneras ante la desaparición de las láminas de Goya. Fue a finales de marzo de ese mismo año cuando se conoció que el Ministerio Público había formulado denuncia contra la exconcejal carbonera de Cultura, Josefa Cruz, y pedido la apertura de causa penal para determinar si se incurrió en prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Ya en octubre de 2018 la Fiscalía solicitó penas de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la acusada. Algo que mantuvo en el juicio de este martes.