La expropiación del Algarrobico destapa la caja de los truenos entre Gobierno y Junta

El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes, de que el Consejo de Ministros iba a activar en horas la expropiación de terrenos de El Algarrobico como método más rápido para echarlo abajo pilló por sorpresa al resto de actores, que no sabían del cambio radical de rumbo que iba a tomar la situación.

El Ayuntamiento de Carboneras, en cuyo término municipal está el hotel ilegal, no conocía de la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno en su territorio y observó en la visita una afrenta y un «desprecio» a la localidad. Y la Junta –y el PP– acusaron a la también secretaria general del PSOE de lanzarse a una «guerra» con la Junta a costa de un «monumento a la barbaridad urbanística» levantado bajo gobiernos socialistas en el Consistorio y en San Telmo.

Lo cierto es que sea como fuere la nueva vía abierta por el Ejecutivo central para hacerse con los terrenos y comenzar el derribo del inmueble ha habierto la guerra de los truenos después de casi dos décadas de lucha judicial en la que el edificio, ilegal, sigue en ruínas a apenas 14 metros de la línea en la que rompen las olas.

Tal y como había anunciado Montero, el Consejo de Ministros declaraba de utilidad pública los terrenos de la finca de El Algarrobico que violan la Ley de Costas. Son aproximadamente el 40% de los que ocupa el enorme edificio de 21 plantas y 411 habitaciones levantado frente al mar en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Es el paso previo a su expropiación. El Ejecutivo quiere hacerse con la propiedad del terreno y, entonces, meter la piqueta.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguraba que de este caso hay «dos lecciones» que aprender: la necesidad de proteger los ecosistemas y la protección que supone para los ciudadanos la existencia del dominio público marítimo-terrestre frente a las inundaciones.

Sin embargo, la ministra ha dejado entrever que no ha habido interlocución alguna con el Gobierno andaluz antes de tomar esta nueva directriz. De hecho al ser preguntada en varias ocasiones al respecto, Aagesen se ha remitido de nuevo al protocolo de 2011 y ha incidido en que en él se establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que adoptaría entre otras cosas un plan de actuación conjunto. Horas antes su compañera de Gabinete, Montero, había mencionado que esta comisión se citaría en próximas fechas.

«Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve», afirmó la ministra antes de subrayar que la Junta ha declarado «muchas veces» que van a comprometerse en favor del derribo de El Algarrobico. «Queremos trabaja de la mano; ese es el objetivo fundamental, que consigamos la demolición de El Algarrobico», dijo.

Mientras tanto, desde Sevilla se desechó que este giro de los acontecimiento haya sido fruto del consenso y, peor aún, se dio a entender que difícilmente puede llegarse a un consenso por la vía adquirida por el Ejecutivo estatal. La Junta considera que la única solución para el atentado medioambiental que supone el hotel construido en la playa de El Algarrobico pasa por la anulación de la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento y no se mueve de esa posición. Así quedó claro en la primera comparecencia de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, tras el Consejo de Ministros que inició el procedimiento de expropiación.

«Tenemos que dejar de venir aquí a dar un titular a ver si me compran que estamos haciendo algo en Andalucía», dijo en relación a la también secretaria general del PSOE de Andalucía, a quien conminó a dejar de «enredar» y decir día y hora en que entrarán las máquinas para derribar la construcción.

La portavoz recordó que en 2011 se firmó un convenio entre los ejecutivos central y autonómico que establecía que la obligación del derribo corresponde al Gobierno de España y que posteriormente la Junta asumiría la restauración de la playa. Subrayó también que en marzo de 2024 el Gobierno mantenía que la solución pasaba por la nulidad de la licencia municipal de obras. «¿Por qué cambia ahora al método de la expropiación? -se preguntó España-. Se intentó hacer hace 20 años y en 2009 se dejó morir». Se trata, en su opinión, de una vuelta al pasado. «No entendemos este cambio por parte del Gobierno», dijo la consejera, que recordó que un procedimiento de expropiación es suscepitible de recurso, por lo que se puede prolongar «de forma eterna».

Por ello, ante el anuncio de Montero de que en cinco meses se podrá proceder al derribo, la desafió a que diga el día y la hora del momento en el que la maquinaria entrará en la playa. «Ya está bien de tanto marear la perdiz y de cortinas de humo», apuntó.

La portavoz recordó también que era el PSOE la formación que gobernaba tanto en el Ayuntamiento de Carboneras como en la Junta de Andalucía cuando se inició todo este proceso. «Ese hotel está ahí por culpa del Partido Socialista», señaló.

Según España, Montero sabe que la expropiación no es la solución para este asunto, que en su opinión pasa por que el Gobierno y el Ayuntamiento cumplan con su palabra. Y apuntó directamente contra la vicepresidenta: «Que se deje de parches, de enredos y de cortinas de humo».

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