Fin a décadas de espera: la Junta adjudica por ocho millones las obras de la nueva ciudad de la justicia de Huércal-Overa

El proceso de licitación pública ha concluido con la designación de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por las firmas Dizu SL y Grulop 21 SL, que se encargarán del desarrollo integral de los trabajos de edificación. El concurso despertó un gran interés en el sector de la construcción, llegando a concurrir un total de seis empresas independientes y dos uniones temporales, lo que evidencia la envergadura del proyecto dentro de la obra pública andaluza. Las empresas adjudicatarias dispondrán de un plazo de ejecución estricto de 17 meses para levantar el inmueble.

La estrategia constructiva se ha planteado de manera flexible y con la vista puesta en las necesidades demográficas futuras de esta comarca almeriense. De este modo, la actuación contempla una primera fase que intervendrá de manera directa sobre una superficie de 3.799 metros cuadrados, espacio suficiente para unificar bajo un mismo techo los órganos judiciales que actualmente se encuentran fragmentados en la localidad. No obstante, adelantándose a posibles incrementos en la carga de trabajo de los juzgados, el proyecto técnico ya incluye una segunda fase constructiva en la misma parcela para añadir otros 1.310 metros cuadrados si fuera necesario.

El solar elegido para esta destacada infraestructura judicial se localiza en un punto estratégico del entramado urbano huercalense, delimitado entre la avenida Doctor Jiménez Díaz y las calles Doctor Pasteur y Doctor Martorell. Los diseñadores del proyecto han querido conferirle un marcado carácter institucional mediante una solución arquitectónica singular. Así, el acceso principal del edificio se ubicará en la esquina más vistosa y representativa de la parcela, configurándose a través de un gran atrio abierto que servirá de espacio público sombreado para los usuarios y profesionales que acudan a diario.

Una vez se traspasa el umbral, un amplio vestíbulo general distribuirá de forma eficiente los diferentes servicios en la planta baja. En este nivel inferior se instalarán dependencias de gran tránsito como las oficinas médico-forenses, el servicio de mediación ciudadana, la sala de la junta electoral de zona y el servicio común procesal. Asimismo, la planta baja albergará dos completas salas de vistas, la sala específica para el Juzgado de Guardia y las oficinas del Registro Civil, que contará con su propia sala destinada a la celebración de bodas civiles.

Por su parte, el sótano del edificio estará concebido para albergar los servicios de logística, custodia y seguridad. Contará con un acceso rodado directo desde la calle Doctor Martorell que comunicará de forma segura con el área reservada para detenidos. El resto de la superficie del subterráneo se destinará a los archivos generales de documentación, el almacén para las piezas de convicción judiciales, diversas zonas de mantenimiento, almacenes generales y las plazas de aparcamiento subterráneo para el personal autorizado.

El plano de alzado se completa con una primera y una segunda planta dedicadas a la actividad de gestión e instrucción estrictamente procesal. En estas plantas superiores se organizarán los despachos correspondientes al Tribunal de Instancia, una figura que actualmente dispone de tres plazas en el municipio, así como la sede de la Fiscalía y las dependencias correspondientes a los colegios profesionales de la judicatura. El inmueble se completará en estas alturas con despachos individuales, archivos auxiliares de gestión diaria, salas multiusos y áreas de comunicaciones.

Mientras no se ejecute la segunda fase de ampliación de las instalaciones, la planificación oficial ha dispuesto que el extremo este del solar mantenga una utilidad práctica para el municipio. Esta superficie se habilitará provisionalmente como aparcamiento de vehículos en superficie y funcionará de manera habitual como zona reservada para el acceso y la salida de carácter secundario del complejo judicial, optimizando el espacio disponible desde el primer día de su inauguración.

Esta gran intervención en el municipio del norte de Almería tiene una clara meta económica y operativa: poner punto final definitivo a la problemática dispersión que sufren actualmente las sedes judiciales de Huércal-Overa. Esta fragmentación de oficinas no solo entorpece las dinámicas de trabajo internas y dificulta de forma notable la implantación real de la nueva Oficina Judicial, sino que genera un importante menoscabo para las arcas públicas. De hecho, la Junta de Andalucía abona anualmente hasta 77.500 euros solo por el alquiler de uno de los inmuebles que se sustituirán.

Con la adjudicación ya resuelta, el objetivo firme que se ha marcado la Consejería de Justicia es acelerar el inicio de las tareas sobre el terreno. Las previsiones oficiales manejan un calendario que sitúa la finalización completa y la puesta en marcha de la nueva infraestructura en el horizonte del año 2027. De cumplirse los plazos previstos, los ciudadanos de Huércal-Overa y de los municipios adscritos a su partido judicial dispondrán en poco más de año y medio de un edificio modélico, ágil y centralizado que agilizará la administración de justicia en la provincia.