La firma del contrato entre la UTE Aqualia-Codeur y Garrucha para la gestión del agua será el lunes

Después de que el pasado lunes el Pleno del Ayuntamiento de Vera dejara sobre la mesa la autorización definitiva a la unión de empresas para la explotación de los servicios públicos del agua así como la formalización del protocolo general de actuación con el Ayuntamiento de Garrucha sobre la utilización de las instalaciones de la depuradora de Vera, ya que Codeur es una empresa mixta municipal dependiente de la administración local veratense, puesto que posee el 51% de su capital social, en la mañana de ayer volvió a celebrarse una sesión extraordinaria -con este único punto del orden del día- en el que fue aprobado por la mayoría necesaria.

Con las posturas más que claras tanto del equipo de gobierno, formado por el PA y el PSOE, como de la oposición, el PP, la única duda por despejar era si la tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Salud y Consumo, María Montoya Ruiz, que se abstuvo en la votación del pasado lunes tras alegar que no tenía suficiente información para decidir sobre algo que consideraba «tan importante» para Vera, cambiaría el sentido de su voto o no.

Así las cosas, tras más de una hora de debate entre la portavoz del Grupo Municipal Popular, Catalina Soriano, y de su homólogo en el equipo de gobierno, Francisco Vázquez, en el que ambos se acusaron de faltar a la verdad, Montoya pidió un turno de palabra para justificar la decisión que había tomado definitivamente y que todos esperaban.

En primer lugar, la edil quiso ratificarse en que en la sesión celebrada la semana anterior «la información sobre los puntos a tratar no me llegó de la forma que hubiese sido la deseada o reglamentaria tanto en mi condición de miembro del Consejo de Administración de Codeur como por ser teniente de alcalde del PA en este Ayuntamiento».

Si bien, Montoya comentó, tal y como informó en su momento IDEAL, que su nivel de información al respecto había aumentado tras varias reuniones con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vera y con la empresa mixta municipal Codeur.

Igualmente, Montoya esclareció que, antes sus dudas, solicitó asesoramiento jurídico. Además de los encuentros anteriormente citados, la edil pidió a Codeur un informe jurídico elaborado por una empresa externa «para que confirmasen la legalidad o no de este proceso y de los acuerdos adoptados».

Así, el 10 de mayo recibió el informe jurídico «realizado por un gabinete de abogados de gran categoría», según apuntó Montoya. «Debemos de confiar en los asesores jurídicos del Ayuntamiento, además este documento viene a confirmar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la UTE FCC Aqualia-Codeur, que en un procedimiento abierto de contratación se presentó, junto a otras tres empresas, para gestionar el ciclo integral del agua de Garrucha, siguiendo los plazos marcados», justificó la edil veratense.

Si bien, Montoya también reflexionó sobre su intuición de que, debido a la cercanía de las elecciones municipales, «este tema pueda estar contaminado por intereses políticos, aunque para mi la política ya está alejada de mi horizonte». Merece la pena recordar que la actual edil no va en ninguna candidatura para el próximo 26 de mayo.

Antes de dar paso a la votación, el alcalde de Vera, Félix López, incidió en que su equipo de gobierno «jamás podría traer nunca a un pleno algo que fuera ilegal, que estuviera fuera de la ley o que no fuera transparente». Así las cosas, tras la pertinente intervención del regidor, en la que habló de los beneficios de los intereses de Vera tanto medioambientales como económicos, el único punto del orden del día fue aprobado por el Pleno gracias a los nueve votos favorables del equipo de gobierno y los ocho votos en contra de la oposición.