'Garrucha, para la Gente' acusa al Consistorio de tirar basuras al río Aguas

Los vertidos ilegales de enseres, plásticos y de otros residuos agrícolas en los cauces de los ríos del Levante Almeriense son, lamentablemente, un problema acarreado durante muchos años por la falta de concienciación medioambiental. En el campo almeriense abundan los vertederos ilegales donde 'por costumbre' se llevan años arrojando todo tipo de vertidos. Los vertederos ilegales han convertido durante años los márgenes de ríos, ramblas y espacios naturales en vertederos descontrolados.

El Ayuntamiento de Garrucha emprendió recientemente la limpieza de uno de estos 'puntos negros' de la localidad retirando los residuos que contaminaban el entorno. Unos residuos que el grupo municipal Garrucha para la Gente denuncia que han vuelto a ser arrojados al medio natural, concretamente en el Río Aguas, a su paso por Mojácar.

En un vídeo compartido en su cuenta oficial de Facebook, la formación política identifica lo que presuntamente son los mismos restos que fueron retirados del paraje 'La Jara', situado en el término municipal garruchero, acumulados de nuevo en territorio mojaquero, y por este motivo acusa al Ayuntamiento de Garrucha de realizar el vertido y por ende, no solucionar la problemática de los residuos y mucho menos dar ejemplo a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Garrucha aseguran que «emprenderá acciones legales contra Garrucha para la Gente por estas acusaciones» y recuerdan que las labores de recogida y limpieza de residuos en el ámbito rural no dependen directamente del Ayuntamiento de Garrucha, sino de una empresa contratada para este fin, que sería en cualquier caso la que habría incumplido la normativa medioambiental.

Desde el Consistorio aseguran que se investigará lo ocurrido para determinar si se ha cometido una infracción en materia medioambiental y aseguran que estarán «vigilantes» ante cualquier posible mala práctica en el futuro.

Las infracciones por vertido están recogidas y tipificadas en la Ley de Aguas y pueden conllevar multas para el infractor de hasta 1.000.000 de euros, en función de su gravedad y su calificación. Así, en el caso de cometer infracciones leves, las multas podrían ascender hasta 10.000 euros, mientras que en el caso de considerarse menos graves, de 10.000 a 50.0000 euros; graves, de 50.000 a 500.000; y muy graves, de 500.000 a 1.000.000 euros. Además, y con independencia de las sanciones que les hayan sido impuestas una vez resuelto el expediente, los infractores también pueden verse obligados a reparar los daños y prejuicios ocasionados al dominio público hidráulico y a reponer las cosas a su estado anterior.