El Gobierno central pide información a la Junta de los expedientes sobre el hotel de El Algarrobico

El departamento que dirige Teresa Ribera responde así a la carta remitida por la Junta en ese sentido, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya idea es contar con esta información de cara a preparar que la cita que, según precisa, debe convocar la administración autonómica.

A este respecto, el Miteco aclara en su respuesta que en esta ocasión le corresponde convocar a la Junta de Andalucía, puesto que la comisión es rotatoria y ahora la presidencia está en manos de la comunidad autónoma, desde el 7 de marzo de 2020 hasta el 6 de marzo de 2021.

Mientras esa cita llega, el departamento de Teresa Ribera solicita a la Junta de Andalucía la información relativa al expediente de retracto incoado en su momento por la Junta de Andalucía, y la situación en que se encuentra la revisión por parte del Ayuntamiento de Carboneras tanto del planeamiento urbanístico, como de la licencia de obras, cuestiones necesarias para cumplir los distintos pronunciamientos judiciales.

Desde el Ministerio recuerdan también que la Administración General del Estado ya abordó las cuestiones que eran de su competencia, lo que le llevó a aprobar el deslinde del tramo de costa donde se asienta el hotel de Azata del Sol ya en 2005, aunque el deslinde no fue declarado firme hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2012.

Además, estas fuentes recuerdan que antes de iniciarse el derribo y, más aún, la posterior restauración ambiental del entorno es fundamental que terminen los procesos judiciales. No obstante, el Ministerio garantiza que cumplirá con el compromiso adquirido en el protocolo firmado en 2011 y colaborará en la financiación de la demolición una vez se hayan resuelto los diferentes procesos en curso.

El Ministerio aclara también que si bien la Junta adelantó su petición por correo electrónico, no ha sido hasta este mismo jueves cuando se ha dado entrada por registro a la carta de la administración andaluza.

En 2011 el Gobierno de España, a través de su entonces ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, se comprometió a financiar el derribo, mientras que la administración autonómica se encargaría de la restauración posterior de la zona del Algarrobico.

Justo hace una semana, la Junta reclamó al Gobierno que convocara la comisión mixta de seguimiento del protocolo e instaba al departamento que dirige Teresa Ribera a «arreglar el desaguisado» medioambiental que supone el hotel de Azata del Sol. La citada comisión mixta no se reúne desde septiembre de 2018.

Aunque la petición de la convocatoria de reunión se adelantó la semana pasada por mail, no ha sido hasta este jueves cuando la carta ha entrado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico por registro.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, afirmó en el pleno del pasado jueves en el Parlamento andaluz que «ya ha remitido» la carta al Ministerio, mientras que fuentes ministeriales han apuntado que la misiva no se ha recibido en el registro hasta una semana después.

«El presidente, Juanma Moreno, y el gobierno andaluz actual tienen muy claro que el objetivo es la recuperación integral de la playa a su estado original y esperamos, estamos seguros de que sí, que el Gobierno de España ayude con el mismo objetivo común de cerrar el tema de una vez por todas y acabar con esta aberración medioambiental en Andalucía», dijo.

Crespo remarcó que la Junta está actuando «para tener certezas y garantías» a la hora de cumplir el protocolo de actuación suscrito con el Gobierno frente al «ecopostureo» de anteriores gobiernos «que decían una cosa, y hacían todo lo contrario».

«Vamos a hacer que se cumpla ese protocolo porque, además de voluntad, hay hechos», ha afirmado para señalar la partida de 1,1 millones de euros consignada en el proyecto de ley de presupuestos para 2021 y que se destina a la «redacción del proyecto» y las «gestión de los residuos» generados por el desescombro tras la demolición que, según el citado acuerdo, corresponde al Ministerio.

La consejera andaluza lamentó a pregunta de su grupo parlamentario que «no se pueda poner fecha al derribo, porque no depende de nosotros», pero destacó que la Junta «está trabajando para estar preparados cuando concluyan los trámites judiciales» aún activos en torno al hotel de Azata del Sol.

«Podemos dar más pasos y por eso tenemos tres líneas de actuación; hemos pedido la convocatoria de la comisión mixta, hemos incluido el Algarrobico en los presupuestos del año que viene y vamos a ejercitar las acciones judiciales pertinentes para hacer valer el derecho de retracto y recuperar el suelo», resumió.

Demanda civil

Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.

Los servicios jurídicos de la consejería han determinado la «conveniencia» de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil. Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y «solicitar la anotación preventiva de dicha demanda» de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.

Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido «varios intentos infructuosos desde 2016» para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una «autorización de entrada» para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la «actitud» de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían «impedido la entrega voluntaria» de las fincas.

«La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta», concluía el Alto Tribunal.

El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme «dado el notorio interés ambiental» de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Licencia y planeamiento

El Ayuntamiento de Carboneras comunicó en 2018 al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que había dado cumplimiento a la sentencia que le ordenaba cambiar el suelo de El Algarrobico de urbanizable a espacio protegido en su planeamiento urbanístico, lo que luego no llego a ejecutar y plasmar oficialmente.

Comunicó que no podía declarar nula la licencia de obras porque esa posibilidad le había sido vetada en una sentencia de 2014 «definitiva y firme» que declaró el permiso conforme a derecho y, por tanto, le obligaría a indemnizar a la promotora.