El Gobierno confía en una respuesta positiva de EE UU a la petición de Palomares

A preguntas de los periodistas en Granada, Fernández ha indicado que la radiactividad en esta zona «es un tema muy serio que preocupa mucho a nivel general» y ha remarcado que las relaciones entre España y el gobierno estadounidense «son magníficas, extraordinarias», por lo que, según ha dicho, es de esperar «que den fruto» estos nuevos contactos.

«Confiamos en que haya una respuesta positiva y se pueda iniciar realmente esa tarea que es tan importante y tan necesaria por ser una deuda histórica con Palomares», ha dicho en relación a la información que publica El País que apunta a que el Gobierno habría reactivado el expediente para ejecutar la limpieza de la tierra contaminada.

Fernández ha subrayado que la remisión de la petición «se ha hecho de forma oficial» al tiempo que ha aludido a que la negociación «es un tema sumamente sensible, con mucho recorrido histórico ya que no se ha resuelto el verdadero problema que es la existencia de restos de plutonio en unos 50.000 metros cúbicos de tierra».

«Es un intento de que EEUU se haga cargo de esta tierra de manera oficial», ha señalado para precisar que ha habido, al respecto, «algún que otro compromiso no escrito» y desvincular este asunto de las negociaciones respecto a la base norteamericana en Rota (Cádiz). En 2015, sí se firmó una declaración de intenciones entre ambos gobiernos.

El delegado de Gobierno ha concluido destacando el interés del Ministerio de Asuntos Exteriores por «resolver este problema» para que la tierra contaminada «pueda ser enterrada en un lugar propicio para ello, en este caso concreto, el desierto de Nevada porque tiene las condiciones y porque es una zona preparada para este tipo de actuaciones, algo que no existe en España».

La limpieza de la contaminación por americio y plutonio cuando se han cumplido 57 años de la caída accidental de cuatro bombas termonucleares sobre Palomares está pendiente de lo que pueda resolverse en Bruselas y Estrasburgo o ante el Tribunal Constitucional después de que del Tribunal Supremo rechazase en 2022 instar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero sin señelar qué organismo sería el competente para hacerlo.

El plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que, según el CSN, es solo «preliminar», contempla el almacenamiento de 6.000 metros cúbicos de tierra obtenidos después de limpiar 50.000 metros cúbicos.

A lo largo del periplo judicial en torno a la radiactividad en Palomares, la Abogacía del Estado ha sostenido que la descontaminación de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica es una «decisión política» y «no» una «imposición legal o internacional», y ha remarcado que la actuación para eliminar el americio y el plutonio «se irá ejecutando en la medida en que la cooperación internacional y la disponibilidad de la inversión necesaria vayan permitiendo su concreción y ejecución».

«Se requiere de la colaboración de otros países al no existir en España un lugar para el almacenamiento seguro de los residuos que se pretenden contaminados con plutonio», ha destacado siempre al tiempo que ha insistido en la necesidad «de colaboración y acuerdo» con el Gobierno de EEUU, con «el que se sigue en negociaciones diplomáticas»

Mientras, una nueva queja a la Comisión de Peticiones ha dado lugar a que el Parlamento Europeo haya pedido a la Comisión Europea (CE) una investigación «preliminar» para determinar si existen posibles puntos radiactivos fuera del vallado perimetral de seguridad. En 2019, otra queja dio lugar a una misión de verificación de Bruselas a la zona y a que, desde Europa, se siga «realizando un seguimiento» de la situación «con las autoridades españolas».

El último muestreo en Palomares indica que, de los casi 400 análisis realizados por el Ciemat a las muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, de flora y fauna, así como de sedimentos y de agua recogidas en 2021, revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112, si bien, en todos estos casos, los valores detectados «son inferiores a los niveles de referencia» que están fijados en el Plan de Vigilancia Radiológica de la zona.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados son «similares» a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que «la evolución temporal del nivel de contaminación» en la última década, durante el periodo 2010-2021, «se ha mantenido estable».

La cuantificación de plutonio fue posible en 95 de los 141 análisis realizados, la mayor parte en las muestras recolectadas mediante el cambio semanal de los filtros de aire de tres estaciones medidoras, ubicadas dos de ellas en zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y la otra en zona urbana. En este caso, todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.

Estas mediciones permiten estimar la dosis potencial que recibiría la población por inhalación de partículas contaminadas con plutonio y americio en el aire.

Por otra parte, el americio se pudo detectar en 17 del total 251 muestras analizadas, sobre todo en las tomadas de suelos y extraídas en cuatro estaciones medidoras de la zona 2, de la zona 6 o Sierra Almagrera, y de zona urbana, según los datos recopilados por el Ciemat en el informe anual para su remisión CSN y consultados por Europa Press.

De manera paralela, la mayoría de los propietarios de las 44 fincas afectadas por el procedimiento de expropiación forzosa iniciado en 2021 en Palomares han comunicado a la administración que rechazan la valoración económica realizada por el Gobierno, por lo que será el jurado provincial de Expropiación Forzosa el que resuelva de forma definitiva en vía administrativa.

La administración del Estado ha ofertado por metro cuadrado rústico entre un euro y 80 céntimos. Mientras, en suelo urbanizable, se ha valorado el metro cuadrado en una media de 0,91 euros.

La expropiación forzosa se justifica en la necesidad de «mantener el control» sobre el suelo afectado «residualmente por contaminación» de acuerdo al artículo 35 del Tratado Euratom ya que no se han terminado los trabajos de recuperación y también en el hecho de una «nueva prorroga excedería la indemnización del valor de las fincas» .