El Gobierno reta a la Junta a expropiar a medias El Algarrobico para derruirlo

El Consejo de Ministros del Gobierno de España va a declarar en su reunión de mañana los terrenos de El Algarrobico y El Canillar del sector urbanístico sobre el que se levanta el hotel ilegal de El Algarrobico como terrenos de utilidad pública. Es una declaración que permitirá al ejecutivo expropiar esa parte de los suelos y adoptar medidas para la demolición del inmueble, de 21 plantas y 422 habitaciones cuya edificación ha sido ya declarada judicialmente como ilegal por violar el dominio público marítimo-terrestre y estar levantado sobre suelo no urbanizable.

Este cambio de paso lo anunciaba este mediodía la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el mismo muro que delimita la construcción a pie de playa, a apenas 14 metros de donde rompen las olas. «Es algo que tenía que haber sucedido hace ya tiempo. Para el Gobierno de España significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el parque natural», ha indicado la ministra Montero. «El hotel ilegal sigue en pie habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria», ha insistido.

Según ha relatado a los medios, concretamente el Consejo de Ministros va a acordar la utilidad pública la parte de las parcelas sobre las que se levanta este hotel ilegal que violan la normativa de Costas. «El acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objetivo proceder a la expropiación de los terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre sobre los que se levantó este edificio. Este justamente es el paso previo administrativo para demolición y restauración ambiental», ha indicado Montero.

«Como saben, una parte está sobre dominio público marítimo-terrestre sobre los que administración central tiene competencias. El resto es suelo de competencia autonómica», ha referido inmediatamente antes de instar a la Junta a «seguir los pasos del Gobierno» e iniciar -una vez los terrenos sean declarados de utilidad pública- la expropiación del suelo. «Cuando todos los terrenos sean públicos, será el Gobierno quien derrive el edificio», ha subrayado la ministra.

«Yo diría que es una magnífica noticia, porque les puedo anunciar el gobierno de España va a buscar medida inmediata para la demolición», ha remachado la número dos de Pedro Sánchez en el Ejecutivo estatal, antes de recordar que han pasado «casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizó esta obra». «Sin embargo, el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral», valoró.

Según Montero, este es «el primer paso» para demoler el hotel de Azata del Sol, una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las sentencias del Tribunal Supremo han referido los terrenos como no urbanizables y además parte de la construcción está sobre dominio público marítimo terrestre. «Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», ha afirmado Montero a los medios cerca del lugar donde se levanta el hotel, en la playa de El Algarrobico.

La declaración de utilidad pública afectará a los terrenos y los bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre. Es el primer paso para la expropiación del edificio y del suelo en los terrenos que corresponden a competencias de Costas -esto es, de la Administración General del Estado-. Es el 40% del total de las fincas afectada. Es por ello, que Montero ha pedido a la Junta que actúe sobre el resto de las fincas siguiendo el mismo proceso y que, de forma coordinada, el Ejecutivo pueda operar la demolición total del inmueble «poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz».

La medida del Gobierno no afectará, por lo tanto, al 60% restante de los suelos, si bien Montero avanzaba esta mañana que su intención es la de convocar la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, una mesa en la que están representadas el Gobierno andaluz y el Ejecutivo estatal. La comisión se creó en 2011 y hace años que no se reúne. «Hay que darle un impulso definitivo», ha remachado Montero. Realmente, la Junta no tiene ni tan siquiera que recurrir al procedimiento estatal, puesto que tiene vigente un derecho de retracto sobre los terrenos que podría ejecutar en cuanto quisiera y hacerse con ellos por una vía más rápida.

No obstante, la ministra ha adelantado que «si la Junta de Andalucía no cumple con su parte y no quiere colaborar» el Gobierno buscará «alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural». «Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles».

Reto sin avances

El presidente andaluz, Juanma Moreno, instó en el mensaje de Navidad del año 2023 al Gobierno de España a la demolición del Algarrobico como reto para 2024 «una vez que el futuro de Doñana esté despejado», ya que, a su juicio, «es la hora de afrontar otra deuda que tenemos pendiente con el medioambiente en Andalucía, la demolición del Algarrobico».

«Ese edificio se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje en la costa mediterránea, en concreto en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y ya va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza», defendió.

Desde entonces, poco se ha movido. Hoy, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha instado de nuevo al Gobierno de España a «cumplir con su compromiso» y proceder de manera «inmediata» a la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, «tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas».

En una atención a medios en Granada, Sanz ha subrayado que la Junta de Andalucía «lleva años reclamando el cumplimiento del compromiso del Gobierno de la Nación con la demolición del Algarrobico». «Lo reclamamos, lo exigimos y hoy vuelvo a reiterarlo claramente», ha manifestado. En este sentido, ha señalado que existen sentencias judiciales que avalan la demolición y que «las diferentes administraciones nos comprometimos a actuar en el marco de nuestras competencias».

En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que el Ejecutivo central se comprometía a asumir la demolición del inmueble -cuando tuviera despejado todos los litigios, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición. Aún hay litigios en vía de solución tanto por la aplicación de las sentencias al plan general de Carboneras -el Consistorio cree que la mera existencia de las mismas es suficiente para que los suelos sean observados como no urbanizables mientras que los ecologistas creen que se debe trasponer la sentencia al PGOU- como por la posible compensación a la constructora tras edificar el hotel con los permisos pertinentes.

«Han pasado años y el Gobierno de España no ha cumplido», ha insistido hoy el consejero Antonio Sanz y ha recalcado que «no hay otra manera de actuar hoy allí en la zona que anunciar la inmediata demolición del Algarrobico».

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