El Gobierno dice que «cumple los plazos» para expropiar El Algarrobico, pero que el expediente es «complejo»

En declaraciones remitidas a los medios, Fernández ha rechazado las críticas de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha afeado que el hotel «siga en pie» transcurrido el periodo estimado de cinco meses para iniciar el derribo que dio en febrero la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

«El procedimiento avanza con el compromiso firme del Gobierno de España para eliminar este desmán urbanístico, al contrario de lo que está haciendo Moreno Bonilla, que se posiciona como un mero espectador sin hacer absolutamente nada y sin mover un papel desde que llegó a la Junta de Administración», ha contestado Fernández.

Con ello, ha manifestado su confianza en poder llegar a un «acuerdo mutuo» con la promotora Azata del Sol para agilizar la expropiación parcial del hotel en caso de que la declaración de necesidad de ocupación de los suelos emitida a principios de julio devenga en firme a partir del 2 de agosto.

El delegado del Gobierno en Andalucía espera que las acciones destinadas a acabar con «el máximo exponente del urbanismo salvaje» fructifiquen y permitan a la mayor celeridad hacerse con la parte del hotel que invade la zona de servidumbre en el dominio público marítimo-terrestre, que es competencia del Gobierno, para así poder demoler el edificio.

Al respecto, la propia ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, señalaba a principios de julio ante los medios en Sevilla sus expectativas sobre que el expropiatorio pueda culminar «a lo largo de este año» y se pueda actuar en la parte del hotel en la que el Gobierno tiene capacidad.

Acuerdo «plenamente ejecutivo»

La ministra consideraba que el Ejecutivo puede seguir adelante con el proceso más allá de que Azata del Sol interpusiera un recurso contencioso-administrativo sobre el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de febrero por el que se iniciaban los trámites para declarar de utilidad pública la actuación, ya que no solicitó su suspensión y, por tanto, el acuerdo era «plenamente ejecutivo».

Fue el pasado 2 de julio cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba el acuerdo sobre la necesidad de ocupar los terrenos del paraje donde se levanta el hotel inconcluso de 411 habitaciones para avanzar en la expropiación parcial de los suelos una vez rechazadas las alegaciones que la mercantil hizo al expediente.

Así, se acordaba aprobar con carácter «definitivo» los 16.432 metros cuadrados de «suelo no urbanizable» en los que se asienta la parte del edificio que invade el dominio público marítimo-terrestre como bien a ocupar en la expropiación forzosa.

De este modo, el Gobierno instaba a Azata del Sol, como «única interesada» en la expropiación, a proponer un precio que propiciara la adquisición «por mutuo acuerdo» del edificio, a formular la respectiva hoja de aprecio y a hacer una propuesta mediante la que fijar los criterios de valoración.

El acuerdo, sobre el que cabe recurso de alzada, supone la expropiación de solo una parte de los 32.654 metros que ocupa toda la superficie del hotel enclavado en el sector ST-1, cuya otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio y sobre la que la propia Junta pidió al TSJA que declarara un plazo «final y perentorio» para que ejecutar la sentencia que ordena la revisión de ese permiso municipal.

A través de la resolución, el delegado de Gobierno en Andalucía apuntaba que, con lo actuado hasta la fecha, queda «demostrada» la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa que se fijó en el plazo de cinco meses desde febrero.

Delimitación de terrenos

Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo al procedimiento de expropiación de cara a intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos en relación al inmueble. La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la «incorrecta» descripción.

De igual modo, desde la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de justificación a la hora de expropiar los terrenos.

Frente a ello, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de ocupación esgrimido para validar el proceso.

En este sentido, desde el Gobierno defienden la correcta identificación de los suelos a expropiar al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente al terreno afectado por la Ley de Costas, al afectar a una zona litoral, y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas a medio construir.

Así, defiende la imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra al tratar se de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún anulado.

Recalca así que el uso y destino del hotel es «incompatible» tanto «con la zona de servidumbre de protección» como en su «inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)» de Cabo de Gata.