El Gobierno emite un informe favorable al desmantelamiento de la central térmica

El proyecto se sometió en julio de 2020 a la evaluación de impacto ambiental por considerarse que el proceso de demolición de la planta, que cesa el próximo día 31, va a generar un «potencial incremento significativo de residuos».

La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que se publicó ayer en el BOE, señala que no será «necesario» someter al proyecto «a una evaluación ambiental ordinaria» ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La central cuenta con dos grupos térmicos de vapor, con una potencia eléctrica certificada de 577 Mw (grupo 1) y de 583 Mw (grupo 2), en funcionamiento desde 1985, y con una potencia bruta acreditada de 1.159 Mw.

El proyecto contempla el desmantelamiento y demolición de todos los equipos, estructuras e instalaciones sobre nivel de rasante contenidos dentro del vallado de la central, con excepción de las instalaciones y edificios necesarios para continuar con el seguimiento de las obligaciones medioambientales. Se incluyen también todos los trabajos previos de limpieza y vaciado de equipos.

El desmontaje de la central se ejecutará en diferentes fases y sucesivas afectando a la nave de turbinas, calderas, planta de desulfuración, chimenea, parque de carbón y transporte y edificios y estructuras varias.

La remediación de suelos con posible contaminación será objeto de otro proyecto específico en función del uso futuro del emplazamiento, así como la propia clausura del vertedero de residuos no peligrosos como cenizas, yesos, o escorias, por lo que ambos quedan fuera del alcance de la resolución publicada en el BOE.

El proyecto está acotado al perímetro interior de la parcela en la que se ubica la central, que ocupa una superficie de aproximadamente 85 hectáreas, no siendo necesario ocupar nuevos terrenos.

Las unidades de demolición más destacables por su magnitud y extensión serán las calderas y turbinas, la chimenea de 200 metros de altura y 9,35 metros de diámetro, y el parque de carbón, de unas 11,25 hectáreas.

Las estructuras que están en contacto con el medio marino, caseta de bombas y canal de descarga, no se van a desmantelar por dar servicio en la actualidad a la desaladora de Acuamed.

Según el estudio de impacto ambiental, los principales residuos que se producirán durante el desmantelamiento de la central serán los residuos pétreos y metálicos, con un total de 104.000 toneladas y 39.338 toneladas, respectivamente.

Por otra parte, se considera que los riesgos de accidentes graves o catástrofes para el proyecto y los riesgos para la salud humana no son especialmente considerables, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de desmantelamiento que no conlleva el almacenamiento de sustancias susceptibles de generar accidentes graves.

El estudio también señala que los espacios naturales protegidos más próximos se encuentran a más de un kilómetro de distancia de la central (parque natural Cabo de Gata-Níjar, islote de San Andrés y fondos marinos del Levante almeriense.

Igualmente, el estudio recoge que el promotor, Endesa Generación SA, concluye que el impacto tras el cese de las actuaciones «será favorable, ya que permite una revegetación posterior con especies autóctonas y la recuperación de terrenos ahora ocupados por la instalación industrial, la presencia de nuevas especies faunísticas y el desarrollo edafológico en la zona».

Como resultado de todo lo anterior, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establece que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria «siempre que se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución publicada».