El Gobierno ve la expropiación como solución para El Algarrobico

«La voluntad del Gobierno de España es que se ponga fin a esta situación, una situación que ya supera los 20 años de existencia», dijo el subdelegado a preguntas de los medios aunque sin poder precisar en qué punto se encuentra ese proceso expropiatorio que llevaría al Gobierno a adquirir la mitad del edificio, en concreto, la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre.

La expropiación parcial del establecimiento promovido por Azata del Sol se encontraba el pasado mes de septiembre pendiente de fijar un justiprecio una vez declarado en firme el acuerdo de necesidad de ocupación, lo que podía ser recurrido por la mercantil en el ámbito judicial.

Para Martín es «absolutamente necesario poner fin a esta cuestión que nunca se tenía que haber producido» y acabar así como este «monumento al urbanismo salvaje» que se alza «en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar», el cual también invade.

En este sentido, volvió a invitar a la Junta de Andalucía a «sumarse» a la iniciativa expropiatoria en relación a la parte del hotel que se encuentra dentro de sus competencias, ya que «carece de sentido que se vaya a demoler la mitad, aunque sería posible». «Creo que ese es el camino y es una vía que nos debe de llevar más pronto que tarde a resolver esta situación», insistió.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero supone la expropiación de solo la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel enclavado en el sector ST-1, correspondiente a la zona de dominio público marítimo-terrestre, ya que la otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio y que aún se encuentra en trámite. Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa. Para ello, se fijó inicialmente en el plazo de cinco meses desde febrero aunque el proceso se ha dilatado.

Frente a ello, el pasado 12 de mayo Azata del Sol alegó para intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos en relación al inmueble. La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la «incorrecta» descripción.

De igual modo, desde la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de justificación a la hora de expropiar los terrenos. Así, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de ocupación esgrimido para validar el proceso.

Desde el Gobierno defienden la correcta identificación de los suelos a expropiar al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente al terreno afectado por la Ley de Costas, al afectar a una zona litoral, y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas a medio construir.

También apuntan la imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra al tratar se de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún anulado. Recalcó que el uso y destino del hotel es «incompatible» tanto «con la zona de servidumbre de protección» como en su «inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)» de Cabo de Gata.