El Gobierno expropiará 32,4 hectáreas de suelo contaminado de Palomares

El plazo de información pública de la relación de bienes y derechos afectados, que se vallaron al requerir especial vigilancia radiológica ambiental tal y como reveló el mapa de caracterización radiológica que se finalizó en la zona en 2007, ha concluido y los propietarios de las 44 fincas incluidas en la lista ya han presentado alegaciones en su mayor parte en contra.

Según han indicado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno, no supone en ningún caso la ampliación del área vigilada, sino que afecta a fincas que están en régimen de ocupación temporal o en arrendamiento.

Entre los afectados por este paso dado por el Gobierno se plantean el por qué y recuerdan que la ocupación temporal o el arrendamiento voluntario se realizó en 2009 «porque el compromiso del Gobierno era limpiar el suelo y devolverlo para que tuviera la función social que, en cada caso, tenían antes».

«En principio era por periodo de tres años, pero estos han ido pasando», resumen para añadir que la situación legal de estos terrenos se ha ido «prorrogando sin que acaben de limpiarlo, lo que no es problema nuestro, sino de la administración».

La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.

Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los ayuntamientos de los dos municipios en los que se localiza el suelo contaminado, y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.

Una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Polítca Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.

En 2007, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, presentó una propuesta de ocupación temporal de estas fincas que fue informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en 2010 se llevó cabo.

Anteriormente, se habían expropiado otras diez hectáreas para poder llevar a cabo el denominado Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica de Palomares con el objetivo de evaluar la contaminación residual en las zonas afectadas por la caída de las bombas termonucleares en 1966 y establecer las posibles estrategias de recuperación ambiental.

Fue ese mapa de caracterización de suelo el que, precisamente, reveló que existía contaminación superior a los criterios de restricción de uso en alrededor de 20 hectáreas, en concreto en los puntos de impacto de las bombas conocidos como zonas 2 y 3, así como en una franja de otra 20 hectáreas en la Sierra Almagrera clasificada como zona 6.

El Ciemat, una vez obtenida la autorización, delimitó con una valla todos ellos para impedir el acceso público y colocó unos carteles informativos.

Según han indicado a Europa Press los afectados por el proceso expropiatorio, la postura que se presume mayoritaria es la de oposición a la expropiación forzosa.

«Pensamos que la finalidad de esta expropiación se pudo haber cumplido perfectamente con la ocupación temporal que se acordó inicialmente por tres años para limpiar el terreno. No han hecho nada, pero para limpiar no hace falta expropiar. Con ocupar es más que suficiente», remarcan.

En esta línea, se preguntan por qué ahora aunque lo desvinculan de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que desestimó, aunque con dos votos en contra, la pretensión de Ecologistas en Acción de que se obligase a fijar plazo para ejecutar la limpieza y encontrar un almacenamiento temporal a los 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada resultante al concluir que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tiene función ejecutiva y sí la Administración del Estado.

«Creemos que no guarda relación porque ya se nos advirtió en la convocatoria de la última prórroga que hicieron que iban a expropiar», trasladan para descartar una relación causa-efecto entre ambos hitos.

La clave de este paso dado por el Gobierno podría guardar relación con «cambios» en la normativa que rige el justiprecio desde el 2007 ya que, con anterioridad, los criterios de tasación «eran más altos», por lo que «probablemente hagan valer la nueva ley» y «se intente pagar lo menos posible valorando todas las fincas como rústicas aunque sean urbanizables».

Ponen el foco, asimismo, en «factores legales» como el hecho de que la ley «te dice que una ocupación temporal no te puede salir más cara que una expropiación, porque, al final, pagan la finca dos o tres veces si ellos no saben cuándo van a limpiar».

En este punto, se entronca con la tesis que manejan colectivos conservacionistas. «Está claro que el Gobierno prefiere la expropiación porque puede pasar décadas hasta que decidan limpiar; de esta manera les sale más barato que estar pagando un alquiler», sostienen.

El procedimiento, que salió a información pública el 10 de junio, lo interpretan como un decisión contradictoria. «Se supone que van a limpiar; una vez limpio, tienen que devolver el suelo a su titular, así que roza el absurdo expropiar. Lo único que queda pensar es que no piensan limpiar en la vida y no lo quieren decir», auguran.

La restauración del suelo retirando el plutonio y el americio es, precisamente, lo que quieren y piden los afectados; quieren que se haga «lo antes posible» lo que se ha ido «demorando, demorando y demorando» e insisten en la «ocupación temporal cumple esa finalidad».

Entorno a los terrenos que vigilan desde el Ciemat no solo hay intereses legítimos económicos. Hay también un vínculo emocional y familiar. Es el caso de Marisa Ponce, hija del conocido en la zona como 'El pastor' y titular de una hectárea en zona 2 que se dedicaba a explotación agrícola y ganadera con nave.

«Mi padre no quiere la expropiación. A él no le dijeron que le iban a expropiar. Le arrendaron las tierras cinco años y le dijeron que cuando limpiasen, se las devolverían. Luego hicieron otro contrato de cinco años y se ve que ahora ya no pueden seguir así y quieren expropiar, pero mi idea es oponerme porque él quiere sus tierras porque fue las primeras que compró cuando regresó de la emigración a Alemania», remarca, tajante.

Ponce cuenta como su padre, de manera «simbólica», sigue pagando la factura de la luz y nunca ha dejado de pagarla «aunque le dijeran que lo hiciera, que eso lo tenía ahí el Ciemat». «Él decía ahí está la luz para cuando me las devuelvan».

Lamenta que el «runrún» ante esta tanda de expropiaciones sea «a ver cuánto dinero nos van a dar» y no se centre en el verdadero debate, «que es otro y que es que cuándo van a limpiar». «Ese debate no existe, pero pienso que el dinero que van a gastar en expropiar deberían gastarlo en limpiar de una vez», concluye.