El Gobierno inicia el proceso para expropiar la mitad de El Algarrobico que invade la zona de servidumbre

En concreto, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por Europa Press, el Gobierno cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.

La resolución recalca el doble pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado, los días 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, de cara a iniciar un nuevo procedimiento expropiatorio después de que se desistiera de esta vía en junio de 2009, ya que desde entonces «se han dictado sentencias que han incidido sobre la situación que justificó dicho desistimiento».

En este sentido, señala la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros para poder iniciar la expropiación, tanto de los terrenos ocupados por la edificación como el propio inmueble «en la parte que invade la zona de servidumbre» -esto es, en los cien metros de anchura en el tramo litoral-, como la mejor vía para la «recuperación» de este espacio natural.

El Gobierno incide en que la Ley de Costas ampara al Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre en aras de garantizar tanto su integridad física como su uso público, lo que le otorga una «potestad expropiatoria» de los terrenos que invade el hotel de acuerdo con el deslinde firme de 2005.

Pronunciamientos judiciales

Si bien el proceso expropiatorio que se inició en julio de 2007 fue desistido dos años después, el Gobierno apunta que con posterioridad se han producido pronunciamientos judiciales que avalarían de nuevo esta vía de cara a derribar el hotel.

Con ello, hace especial alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 confirmó el deslinde de los bienes del dominio público marítimo-terrestre situados en el tramo de costas en el que se sitúan tanto las fincas como el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas que se encuentra sin acabar, por lo que se establecía «definitivamente la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en ese tramo litoral».

«En la franja de terrenos sobre la que se proyecta la zona de servidumbre de protección no es posible la existencia de edificaciones destinadas a uso residencial», recalca el Ministerio para la Transición Ecológica al respecto.

Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo también declaró «con carácter definitivo» que los terrenos sobre los que se sitúa la edificación son suelos «no urbanizable» en base al vigente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el que se incluye. Esta clasificación resulta «incompatible con la existencia de la edificación».

El hotel «no es posible»

La resolución incide en que la puesta en las diferentes sentencias recaídas han puesto de manifiesto que «la finalización de las obras y la puesta en marcha del hotel ya no serán posibles» puesto que el inmueble se encuentra en terrenos «no urbanizables» dentro del sector ST-1, de acuerdo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, invadiendo además parcialmente una zona de servidumbre de protección.

Sobre este aspecto, el Gobierno central apunta el papel del Ayuntamiento de Carboneras a la hora de ejecutar y cumplir con los pronunciamientos judiciales, en este caso dos en concreto: la reclasificación de los terrenos para que figuren como «no urbanizables» en su PGOU y la revisión de oficio de la licencia de obras que se concedió en 2003 y sobre la que se sustenta el hotel.

Inciden así desde el Miteco que son ya «diversos» los pronunciamientos judiciales han declarado la «antijuridicidad» del permiso de obras por lo que se ha impuesto al Consistorio la revisión de oficio del mismo, «si bien el Ayuntamiento aún no ha procedido a cumplir esa obligación judicial» pese a las sentencias y autos recaídos al respecto.

Para el Gobierno, el Ayuntamiento está «obligado» a anular esa licencia de obras al «contravenir» los pronunciamientos judiciales que sitúan el hotel en terrenos no urbanizables; una postura que desde el Consistorio han matizado siempre a la hora de señalar que su obligación pasa por revisar de oficio la licencia, lo que no implicaría su anulación, según su postura.

«Las administraciones autonómica y local, hasta el momento, no han sido capaces de restituir la legalidad urbanística y medioambiental sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre sobre los que se alza la edificación», han apuntado desde el Gobierno para el que la vía de expropiación se presenta como una alternativa más ágil para restituir el paraje frente al cumplimiento de las sentencias judiciales, algunas de las cuales acumulan hasta cuatro años en su fase de ejecución.

Con ello, han recalcado el «compromiso» del Gobierno con la recuperación de ese espacio dentro del Protocolo General de Colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la Playa del Algarrobico, suscrito en 2011, y cuya última reunión tuvo lugar el pasado 4 de marzo sin que ambas partes llegaran a un acuerdo sobre cómo proceder de forma unitaria para demoler el hotel.