El hotel de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras. / IDEAL

Greenpeace acude al Supremo para pedir la demolición del hotel del Algarrobico

El colectivo conservacionista sostiene en su escrito que el TSJA no aplicó el principio de «economía procesal»

EUROPA PRESS Carboneras

Greenpeace anunció al Tribunal Supremo (TS) recurso para solicitar que acuerde la demolición del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras ya que considera que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo rechazó en julio «no tuvo en cuenta» el «efecto de nulidad en cascada».

La «nulidad en cascada» supondría que la licencia de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras no tiene ya valor jurídico al haber sido anulado el planeamiento urbanístico municipal que la hizo posible ya que el suelo es por sentencia firme no urbanizable de especial protección al estar enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El colectivo conservacionista sostiene que el TSJA no aplicó el principio de «economía procesal» y argumenta que la revisión de oficio de la licencia de obras que ha ordenado como paso previo a la demolición es un mero «requisito formal» ya que es «materialmente imposible» que la citada revisión de oficio por parte del ayuntamiento finalice con «la declaración de su legalidad».

«La licencia de obras es radicalmente ilegal y, si supeditamos la demolición al expediente de revisión de oficio cuyo final lógicamente tiene que ser la nulidad de la licencia, estaremos repitiendo la solicitud de demolición dentro de varios lustros», criticó Greenpeace.

El anuncio de recurso pivota, al margen de sobre el principio de economía procesal, sobre el efecto de nulidad en cascada y remarca que el «Plan Parcial del Algarrobico fue anulado» por la sentencia firme del propio alto tribunal andaluz en 2016.

«Los efectos de las sentencias declarativas de la nulidad de instrumentos de planeamiento, como es el caso de la citada sentencia, conllevan el efecto de nulidad en cascada que alcanza a las licencias», trasladó.

Greenpeace mantiene así que para acordar la demolición «no se requiere el requisito formal de la anulación de la licencia pues ya la anuló la sentencia del TSJA de 2016» y pone el foco en que este aspecto no ha sido analizado en el fallo que ahora recurre al Supremo. Lamenta que el Alto Tribunal andaluz tampoco tomó en consideración para negar el ordenar la demolición del hotel en julio un total de 13 sentencias del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de la construcción.