Greenpeace apunta que El Algarrobico se mantiene «urbanizable» al no cambiarse el PGOU «de forma efectiva»

«El Ayuntamiento de Carboneras lleva nueve años sin cumplir la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía», han criticado desde la entidad en un comunicado a razón de los dos documentos técnicos remitidos por el Consistorio al alto tribunal andaluz para modificar «un error tipográfico que aparecía en el plan general de ordenación urbana (PGOU)» en los que se corrige la clasificación del suelo de Paraje del Canillar.

No obstante, desde la entidad han insistido en que para que la modificación del PGOU sea efectiva se deben dar «todos los trámites necesarios», lo que implicaría, además, la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería y la remisión de la modificación a la Junta de Andalucía para su registro posterior.

«La sentencia sigue siendo incumplida y quedan de nuevo demostrados los movimientos dilatorios que el ayuntamiento de Carboneras viene realizando para evitar el cumplimiento de la misma», se han quejado.

Del mismo modo, han señalado que «por mucho que el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía lancen las campanas al vuelo con esta actuación, la sentencia sigue sin cumplirse ya que no se ha modificado la clasificación de los terrenos».

Para Greenpeace, la Junta debería estudiar «cuanto antes» la vía de la expropiación forzosa «como ya ha iniciado el Estado» si lo que quiere es «acelerar el proceso» de demolición del hotel, según ha estimado el responsable de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero.

«El Consistorio ha incumplido durante todo este tiempo creando una situación de bloqueo para la demolición efectiva del hotel», han añadido desde la organización, desde la que se considera que la vía de la expropiación de terrenos podría aligerar la tarea.

La entidad ha recordado que, por su parte, ya solicitó en dos ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que apercibiera al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), con una multa de 700 euros cada 20 días para apremiar el cumplimiento de la sentencia destinada a reclasifica el paraje como «no urbanizable».